Quién es la jueza Irene Rodríguez y las contradicciones en la liberación del sicario del barrio Meiggs

Diligencias en el juzgado. Este martes el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se trasladó a dependencias del 8° Juzgado de Garantía de Santiago para tomar declaración a la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez sobre la inexplicable liberación de venezolano Osmar Ferrer Ramírez, formalizado como autor de homicidio por encargo contra el comerciante de barrio Meiggs, José Reyes Ossa, ocurrido el 19 de junio.

• Entre las primeras diligencias de la causa, también se incautaron equipos computacionales del Tribunal de Garantía.
• Su liberación fue calificada como grave por el Poder Judicial donde se instruyó un sumario para esclarecer los hechos, mientras que en el gobierno el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que “afecta la confianza en el sistema judicial”.
• Consultada por TVN, la jueza Rodríguez afirmó que “solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido”. Según la magistrada, “yo decidí que ingresaran los tres (formalizados) a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice. Y eso, decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería”.

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El oficio. Sin embargo, la firma de la jueza está en el documento electrónico del 9 de julio enviado a Gendarmería donde se señala que “por resolución dictada con esta fecha en causa RUC 2500852513-K RIT 5507-2025 se ha ordenado oficiar a usted a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto la[s) medida(s) cautelar(es) respecto del imputado FERRER RAMIREZ OSMAR ALEXANDER, cédula nacional de identidad número 0000000000-0”.

• “Medida cautelar que se dejan sin efecto: Prisión Preventiva y Ordena Libertad. Saluda atentamente a usted, IRENE GLADYS RODRÍGUEZ CHÁVEZ Juez 8 Juzgado de Garantía de Santiago”.
• El documento cumple con la validación electrónica al escanear el código QR del mismo.
• Según señalaron en la Corte Suprema “el equipo directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial CAPJ constató que -inicialmente- se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial”.
• No obstante, el fiscal Pastén señaló que se están investigando tres posibles delitos en en los hechos ocurridos: evasión del detenido por robo con homicidio, negligencia dolosa y falsificación, sin descartar ninguna hipótesis investigativa. También instruyó diligencias a la brigada del Ciber Crimen de la PDI.

El cronograma de los hechos. Según relató el fiscal, en la audiencia de formalización de los tres imputados realizada el 9 de julio, la única resolución judicial que Tribunales notificó al Ministerio Público y a los demás intervinientes fue la prisión preventiva de los formalizados.

• Sin embargo, ese mismo día una vez terminada la audiencia -pasados entre 10 y 15 minutos- se despachó el oficio donde el Tribunal le informó a Gendarmería que se había dejado sin efecto la prisión preventiva de Ferrer Ramírez.
• También se indagará si se cumplieron los protocolos que obligan a ratificar órdenes judiciales en casos de alta connotación pública.
• En la Corte Suprema entregaron el siguiente cronograma de los hechos: A las 20:17 horas del 9 de julio se emite la orden de ingreso a prisión preventiva y a las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado.
• A las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos. Es decir en un periodo de 11 minutos se emitieron tres órdenes diferentes.
• “Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas”, señaló la Corte Suprema.
• La presidenta (s) del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich abordó en persona el caso con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo de informático e instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones.
• En tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, citó a un pleno extraordinario para analizar el caso.

Tren de Aragua. Durante la audiencia de formalización, los fiscales relataron que tras un intento de secuestro del comerciante desde su vehículo, los imputados le dieron muerte en la comuna de Ñuñoa con tres disparos.

• El crimen habría sido encargado por un chileno vinculado al rubro del comercio. Los venezolanos quienes son migrantes sin papeles tendrían vínculo con el Tren de Aragua, según el Ministerio Público, tras el crimen recibieron un primer pago de $4,5 millones, de un total cercano a $30 millones.
• Se dieron a la fuga y estuvieron cerca de 15 días escondidos en Osorno, para luego ser detenidos en Estación Central.
• En la audiencia la jueza Rodríguez, señaló que “no hay ninguna duda que son un peligro para la seguridad de la sociedad” y que hay “peligro de fuga por supuesto, por la pena que arriesgan, o sea, pueden tener presidio perpetuo”. Y que existen antecedentes fundados de la participación.
• Ferrer Ramírez de 18 años no tiene causas penales previas aunque, según informes de prensa, había sido investigado por un robo.

Quién es la jueza. La jueza Irene Rodríguez -60 años, divorciada, tres hijos- se tituló de abogada el 20 de agosto de 1990.

• Estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso y registra a inicio de su carrera labores en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
• Es titular del 8° Juzgado de Garantía desde 2016, llegó mediante una terna tras desempeñarse como jueza de familia en San Miguel
• Entre sus resoluciones protagonizó una controversia en 2017 al ordenar la libertad bajo fianza de varios imputados vinculados al caso del megafraude en Carabineros por $5.670 millones. Según los registros de prensa, su dictamen fue criticado tanto por el Ministerio Público como por académicos.
• Tras una extensa audiencia, la magistrada concluyó que el control de detención de los uniformados debió haber sido en tribunales de las localidades donde fueron aprehendidos.
• En su declaración de patrimonio e intereses de 2025, la jueza señala que posee un inmueble en calle Domeyko por $51,5 millones (avalúo fiscal) adquirido en 2023; un estacionamiento por $ 6 millones del mismo año; un departamento en Concón de $50 millones (avalúo fiscal) adquirido en 2019; una casa en Peñalolén de 2010 de 109 millones; dos automóviles de $9,2 y $6,2 millones de 2021 y cuotas en un fondo de inversión por $ 73.257.288 adquiridas en 2021.
• También deudas en hipotecarios y créditos de consumo por $189 millones.
• En su declaración de 2017, al ingresar al cargo, registraba la casa en Peñalolén, entonces avaluada en $50 millones y un automóvil de $8 millones.