Qué observar. Pocos minutos pasadas las 17:00 horas de este lunes, los integrantes de la comisión especial investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados discutían los detalles finales de un informe que concitara una mayoría.
- La sesión aún no comenzaba, pero era reflejo de las tensas negociaciones que se llevaron a cabo durante todo este lunes en el Congreso.
- El miércoles pasado, en una reunión, los diputados llegaron con cinco borradores de conclusiones y acordaron estudiar los distintos documentos para llegar a un informe de consenso.
- Pero desde un inicio la tarea era difícil debido a las severas diferencias que existían entre cada uno.
- Finalmente, 4 informes fueron retirados y se llegó a un consenso entre el Partido Republicano, Chile Vamos, Amarillos y el PDG, lo que fue aprobado.
- El oficialismo rechazó en bloque la propuesta, que se impuso por 8 votos a favor y 5 en contra.
- Las conclusiones se enviarán al Ministerio Público.
El caso de Montes. El documento plantea “el ministro Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión, constitutiva de reprochable inobservancia de sus deberes, derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos”.
- Lo que se dijera de Montes era sensible para La Moneda. Hace dos semanas, los diputados del comité Partidos Social Cristiano e independientes anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro.
- Un párrafo más complejo para el ex senador PS, según los consultados, es el siguiente: “A nivel legal, la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a propósito de la delegación de facultades, en su artículo 41 letra d) señala que la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerán en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización”.
Caso Convenios: Aprueban informe de comisión investigadora con reproche a ministro Montes
Gestiones del Gobierno. Que las conclusiones finales de la comisión investigadora cuestionara a militantes de RD se daba como un hecho en el oficialismo. De ahí que en el Ejecutivo estaban particularmente interesados por intentar amortiguar los comentarios sobre el ministro de Vivienda y que no se apuntara a una responsabilidad política de la autoridad.
- Las gestiones fueron intensas.
- Hace ya dos semanas que el equipo del ministro, incluyendo a su jefe de gabinete, conversaron con distintos parlamentarios que integraban la comisión.
- La preocupación del Gobierno también estaba respecto de la mención a las posibles responsabilidades en el caso por parte de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.
- Por eso este lunes las gestiones recayeron en la Segpres, específicamente en la subsecretaria Macarena Lobos y en el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la cartera, Nicolás Facuse.
El vuelco. Pasadas las 15:00 horas de este lunes, en medio de la espera de que se reanudara la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, Rubén Oyarzo (PDG) conversó con la subsecretaria Lobos y Facuse.
- El parlamentario estaba molesto.
- Horas antes, en medio de negociaciones de asesores de los diputados para llegar a un documento en común, Ericka Ñanco (RD) dio un punto de prensa y señaló que el informe realizado por él y el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dejaba “mucho que desear”.
- La molestia de Oyarzo pasó porque estaban zanjando justo en ese momento con el oficialismo la idea de sacar algunas frases sobre Montes del informe que habían elaborado, para que así fuera aprobado con votos de la coalición de gobierno.
- La idea era bajar el tono respecto del ministro.
- Pero la intervención de Ñanco generó un vuelco.
- Los diputados Oyarzo y Jouannet le planteara a Chile Vamos la idea de sumarse a su texto, pero con algunos cambios.
- De ahí que pasaron de plantear la “negligencia inexcusable” del ministro Montes que propuso Chile Vamos a una “inobservancia reprochable” del titular del Minvu.
Las conclusiones. Con los votos de los representantes de Chile Vamos, Amarillos y el PDG, la comisión investigadora aprobó las conclusiones finales que advierten “la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al Fisco”.
- Pese a las gestiones del Ejecutivo, el texto aprobado apuntó a Montes, Javiera Martínez, el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, e incluso el Presidente Boric.
1. Administración Boric: “La falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado (…) El Jefe de Estado fue consultado mediante oficio, consulta que sin embargo no obtuvo respuesta”, dice el informe.
2. Reproche a Miguel Crispi: La comisión explicita que el jefe de asesores “se resistió permanentemente” a asistir a la instancia y que lo hizo sólo luego de que la Contraloría planteara que podría corresponder un procedimiento sancionatorio.
- El sociólogo RD es cuestionado porque en la comisión explicitó que a él le llegó un “rumor” 9 días antes de que estallara el escándalo de Democracia Viva, lo que a ojos de la comisión es señal de que “el asesor decide omitir estos antecedentes al Presidente y remitirlos a la subsecretaria de Vivienda, con quien comparte militancia en RD”.
- Por esta “falta de diligencia evidente y agravada por su cargo al no haber denunciado los hechos constitutivos del caso Democracia Viva a la justicia de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal” y se cuestiona su permanencia en el cargo.
3. El caso de Javiera Martínez: Respecto de la directora de Presupuesto, la comisión plantea que “impulsó cambios en los controles presupuestarios” respecto de los traspasos de recursos realizados por los Gobiernos Regionales a organismos privados en la ley de presupuesto 2023. Este punto lo califican de “imprudencia temeraria”.
LEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO QUE APROBÓ LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO CONVENIOS:
