Qué observar. Un mes después de que la Compañía de Jesús informara que recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por “hechos de connotación sexual”, el sacerdote se autodenunció ante el Ministerio Público. Detrás de esa estrategia está el penalista Julián López, que obligó a la judicialización del caso. En contraste, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a denunciantes a través de la Fundación para la Confianza, se ha mantenido en el procedimiento canónico y emitió duras críticas al sistema judicial.
- Julián López y Juan Pablo Hermosilla son parte del pequeño círculo de abogados que, usualmente, están detrás de casos no solo de connotación pública, sino que de alta complejidad.
- Si bien este perfil de penalistas suele cruzarse en este tipo de causas, la de Felipe Berríos es la primera en la que son contraparte.
- El artículo que invocó López es el 179 del Código Procesal Penal, titulado “Autodenuncia”. Señala que “quien hubiere sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito, tendrá el derecho de concurrir ante el Ministerio Público y solicitar se investigue la imputación de que hubiere sido objeto”.
- Años atrás, en 2013, coincidieron en el caso Cascadas. Y aunque estuvieron del mismo lado, no trabajaron juntos: Hermosilla estuvo dentro del equipo de Julio Ponce Leroy y Julián López asumió la defensa Aldo Motta. Los dos, sin embargo, dejaron rápidamente la causa.
- Si bien ambos son penalistas, la especialidad de López es del derecho procesal penal y la litigación oral.
- Ante la judicialización del caso, Hermosilla dijo a La Tercera que las víctimas “tienen temor y desconfianza en la justicia civil” y que “la justicia penal chilena es vista como un espacio de impunidad para abusadores eclesiásticos”.
- En conversación con Ex-Ante, el penalista agregó que la desconfianza de las denunciantes se debe a que “la justicia ha sido extraordinariamente ineficiente en la protección de víctimas en materia de abusos sexuales. Y lo sabemos como Fundación por los cientos de casos que hemos llevado”.
- López es conocido por no hablar de sus causas, pero lo hace solo cuando un cliente le pide una vocería. Fue lo que ocurrió el sábado cuando salio a refutar a Hermosilla en el mismo medio.
- “Berríos quiere ser juzgado como cualquier chileno, sin privilegios, por los tribunales civiles y en un procedimiento lo más transparente posible y no en un procedimiento secreto que se le aplica solo a sacerdotes y que despierta mucha desconfianza en la opinión pública. El procedimiento canónico es un procedimiento donde nunca nadie va saber de queé fue acusado Felipe Berríos, queé antecedentes se reunieron a su favor o en su contra”.
Putin amenaza con más ataques si Ucrania recibe misiles de occidente
Los casos de Hermosilla. El abogado de la Universidad Católica comenzó su carrera como procurador de la Vicaría de la Solidaridad. Es profesor de Derecho Penal en varias universidades, tanto en pre como en posgrado, entre ellas la UDP. Y, como litigante, ha estado en varios casos que han marcado la agenda en distintos momentos, como fue Inverlink en 2003 y en SQM en 2018.
- A diferencia de López, aunque siempre en rol de abogado asesor, Hermosilla entró en política cuando en 2004 lideró “Océanos Azules”, el equipo programático del entonces candidato presidencial Eduardo Frei.
- Además, representó a la familia Frei en el caso de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
- En 2016, fue abogado de la Presidenta Michelle Bachelet en la querella que presentó en contra de periodistas de la revista Qué Pasa, causa en la que la justicia condenó a la Mandataria a pagar las costas del juicio.
- En el gobierno de Bachelet asesoró a la Subsecretaría del Interior en un querella por falsos detenidos desaparecidos. Y también lideró la comisión de penalistas que elaboró un proyecto de reforma a la Ley Antiterrorista.
- Su carrera tuvo un cambio cuando en 2004 asumió la defensa de tres de las victimas del sacerdote Fernando Karadima: José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz. La causa marcó un hito en los casos de abusos de la Iglesia.
- Es director abogado de la Fundación para la Confianza, creada por Murillo. Y desde allí ha representado a decenas víctimas de abuso sexual, entre ellas a las denunciantes en contra el fallecido sacerdote jesuita Renato Poblete.
Los casos de López. El abogado de la Universidad de Chile, uno de los fundadores de Libertades Públicas, fue socio de Davor Harasic entre 1995 y 2017. Hoy es socio de López, Escobar, del Río y Leiva.
- Además de Penta, estuvo en el caso MOP-GATE, en el que representó al ministro de Obras Públicas del ex presidente Ricardo Lagos, Carlos Cruz. También fue abogado de Anglo American en la causa Anglo Codelco. Hoy es querellante, por la Municipalidad de Vitacura, en contra del ex alcalde Raúl Torrealba.
- En 2004 representó a la jueza Karen Atala en el juicio por la tuición de sus hijas.
- Y a fines de los años 90, fue parte de los abogados que llevaron a los tribunales la prohibición de que se exhibiera la película La última tentación de Cristo.
- Es, además, profesor de derecho procesal penal y litigación oral en la Universidad de Chile. Y en la implementación de la reforma a la justicia, dio clases a jueces, fiscales y defensores.
La judicialización de Berríos. La denuncia en contra del sacerdote Felipe Berríos no es el primer caso de connotación sexual que asume Julián López. Pero sí es el primero en que cumple el rol de defensor. Esto, porque en 2005 representó a los niños en las acusaciones por abuso sexual en contra del entonces senador DC, Jorge Lavandero, quien fue condenado.
- En mayo de 2019, Julián López escribió una columna en El Mercurio titulada “Denuncias falsas y supuestas víctimas” a raíz del caso un estudiante de la Universidad Católica que fue acusado por otro compañero, falsamente y en forma anónima, de haber abusado de una estudiante.
- “Lo que este caso ofrece es una oportunidad para recordar que las acusaciones falsas existen, y para reflexionar acerca del poder que le estamos reconociendo a cualquier denuncia o querella, no corroborada y previa a toda investigación judicial, de constituirse en un antecedente suficiente para destruir la credibilidad y la honra de una persona poniendo en su contra al público y al sistema legal, desde el primer día”, escribió.
