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Malvinas: La fórmula que defiende el gobierno para evitar que el Danstar se convierta en una crisis diplomática con Argentina

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El gobierno chileno busca desactivar la controversia mediante una fórmula que distingue entre las obligaciones del Estado y las de una empresa privada. Sin embargo, la posibilidad de que la naviera solicite autorización a Argentina para ir a las Malvinas ha abierto un nuevo debate sobre la libre navegación, con cuestionamientos de excomandantes de la Armada y dirigentes políticos.

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El viaje. El buque chileno Danstar ya se encuentra en Punta Arenas, donde se prepara para inaugurar una ruta comercial hacia las islas Malvinas, con un primer viaje previsto entre el 20 y el 22 de diciembre. Una operación privada que ha generado tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina.

  • La controversia se concentra en la exigencia de Buenos Aires de que las embarcaciones que se dirigen a las islas soliciten autorización, conforme al Decreto 256 de 2010. Chile en cambio defiende que la navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes debe respetar los derechos garantizados por los tratados de 1881 y 1984 y la Convención sobre el derecho del Mar.
  • El problema es que el Danstar deberá atravesar aguas jurisdiccionales argentinas al salir por el extremo oriental del Estrecho, antes de continuar hacia las islas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
  • Tanto el canciller Francisco Pérez Mackenna como su par argentino Pablo Quirno enfrentan presiones de los sectores más duros de sus respectivos países. En Chile, excomandantes de la Armada han exigido defender la libre navegación. En Argentina, sectores del peronismo, veteranos de Malvinas y organizaciones vinculadas al ámbito naval cuestionan cualquier facilidad logística para las islas.

La fórmula del gobierno. El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, señaló este lunes que “el Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque”.

  • Según fuentes de gobierno, esa diferenciación entre el Estado y la naviera privada es precisamente la salida que se venía estudiando: que Chile no solicite autorización, pero que la empresa se haga cargo de tramitar los permisos.
  • Sin embargo, la posibilidad de que la naviera privada realice ese trámite también ha generado cuestionamientos por sus eventuales consecuencias jurídicas y diplomáticas.

Las dos tesis. En el centro del debate hay dos interpretaciones jurídicas contrapuestas.

  • La primera sostiene que el Danstar no debería solicitar autorización argentina para atravesar aguas de ese país en su viaje hacia las Malvinas, porque ello implicaría reconocer una facultad de control sobre una ruta marítima cuya libre navegación, según esta interpretación, está protegida por los tratados internacionales.
  • La segunda sostiene que una empresa privada puede solicitar la autorización exigida por Argentina sin que ello implique necesariamente que el Estado chileno renuncie a sus derechos de navegación. Bajo esta interpretación, el trámite permitiría evitar que el Danstar se exponga a una eventual detención o multa, mientras los gobiernos mantienen sus respectivas posiciones jurídicas.
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El debate. Estas posiciones han protagonizado un intercambio de cartas durante los últimos días.

  • El 13 de noviembre, Benjamín Salas Kantor, exasesor internacional de la Presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, planteó en una carta a El Mercurio que el derecho internacional distingue entre libertad de navegación y acceso a puertos extranjeros. Recordó además que Chile respalda históricamente los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Malvinas.
  • Al día siguiente, siete excomandantes en jefe de la Armada —Jorge Arancibia, Miguel Ángel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Julio Leiva y Juan Andrés de la Maza— cuestionaron esa interpretación. Advirtieron que aceptar una autorización argentina podría equivaler a establecer una especie de aduana en el límite oriental del Estrecho. Los ex almirantes llaman al sector “Falkland-Malvinas”.
  • El exministro de Defensa Jaime Ravinet se sumó a las críticas el 16 de noviembre, señalando que no corresponde confundir las autorizaciones para ingresar a Puerto Stanley, otorgadas por las autoridades que administran las islas, con los permisos exigidos por Argentina.
  • En una nueva carta publicada este martes, Salas aclaró que Chile no necesita autorización argentina para ejercer los derechos de navegación garantizados por el Tratado de 1984, pero sostuvo que las exigencias para ingresar a los puertos de las Malvinas constituyen una cuestión jurídica distinta.

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Repercusiones políticas. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también advirtió sobre los precedentes que podría generar una autorización argentina.

  • “Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar esa autorización”, sostuvo, calificando esa posibilidad de improcedente. Al mismo tiempo, distinguió entre los permisos de navegación y las autorizaciones portuarias.
  • Johannes Kaiser, por su parte, había solicitado a fines de octubre que la Armada escoltara al Danstar para prevenir eventuales incidentes durante su travesía.

El riesgo para la naviera. Si la empresa Easter Island decide navegar sin solicitar la autorización, se expone a eventuales medidas de las autoridades argentinas, incluidas multas o una posible detención de la embarcación.

  • En ese escenario, Chile tendría que evaluar cómo defender los derechos de navegación de un buque de bandera nacional, aunque la operación comercial corresponda a privados. Por el contrario, si la empresa solicita el permiso, los críticos advierten que podría sentarse un precedente sobre las facultades argentinas.
  • La controversia también tiene implicancias para el Reino Unido. La nueva ruta permitirá diversificar el abastecimiento de las Malvinas, actualmente dependiente de conexiones marítimas como la de Montevideo.
  • Su puesta en marcha obliga además a Chile y Argentina a pronunciarse sobre cuestiones que hasta ahora habían podido manejar mediante acuerdos diplomáticos: el alcance del respaldo chileno al reclamo argentino de soberanía y las restricciones que Buenos Aires pretende imponer al comercio con las islas en el contexto de los proyectos de explotación de recursos naturales de Reino Unido en la zona.
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