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Perú: Piden protección para fiscal que solicitó prisión preventiva para Keiko Fujimori tras amenazas

AFP
Por T13
El Ministerio Público peruano acusó que el persecutor ha sido víctima de amedrentamiento tras solicitar la medida cautelar contra la candidata presidencial.

El Ministerio Público de Perú solicitó protección para el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien ha sido víctima de amenazas tras solicitar que la candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, vuelva a prisión preventiva, en medio de la investigación por corrupción y por haber recibido aportes ilegales en campañas políticas.

La Fiscalía de Perú pidió que "de manera urgente" se brinde "seguridad y protección policial" al magistrado, contra quien los adherentes de Fujimori han apuntado a través de redes sociales, incluso convocando para que se reúnan fuera de su domicilio particular.

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Pérez solicitó el jueves que se revocara la libertad condicional que beneficia a Fujimori, luego de estar algunos meses en prisión preventiva durante 2020, por supuestamente no haber cumplido con una de las medidas cautelares, que es no comunicarse con otros testigos del caso, que han participado de sus campañas políticas.

"Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales", argumentó el fiscal, cuya solicitud debe ser decidida por el juzgado.

Si bien las autoridades electorales aún no han declarado ganador al izquierdista Pedro Castillo de los comicios en Perú, el profesor le sacó una ventaja de 60 mil votos a Fujimori con más del 99 por ciento de los votos escrutados y ya ha sido felicitado por algunos presidentes de Sudamérica.

Fujimori impugnó algunas mesas para que se le resten cerca de 200 mil votos a Castillo, sin embargo, la misión de la OEA descartó que haya indicios de irregularidades en las elecciones presidenciales.

En caso de ser electa Presidenta, Fujimori no sería sometida al proceso judicial en su contra, al menos por los cinco años que dure su mandato.