Los rifirrafes entre el gobierno y el Congreso de El Salvador tienen un nuevo protagonista: el coronavirus.
Tras meses de tensiones y desencuentros en los que el presidente Nayib Bukele llegó a entrar con el Ejército en la sede del Legislativo, ahora el covid-19 parece estar en el centro de las diferencias políticas.
A medida que los casos se multiplican en su país y por todo el mundo, el mandatario ha comenzado a usar Twitter para solicitar a los legisladores que aprueban un paquete de medidas económicas que su gobierno diseñó la pasada semana para hacer frente a la crisis.
Si bien el Congreso este lunes ya había aprobado parte de ella y tenía otras bajo revisión, Bukele ha usado sus redes sociales para pedirle al Parlamento que se dé prisa ante lo que ha llamado el inicio de la "Tercera Guerra Mundial".
Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2020
Some people might not have realized that World War III has already begun. pic.twitter.com/yK6RCSoPv4
El país centroamericano, que estuvo entre los últimos en reportar la presencia del coronavirus en Latinoamérica, propuso esta semana un paquete de medidas económicas que se volvieron virales en redes sociales.
Según anunció Bukele entonces, se suspenderá el pago de las rentas, la electricidad y el agua por los próximos tres meses y se aplazará el pago de las cuotas de créditos hipotecarios, de consumo, tarjetas o crédito de vehículo por igual periodo para personas o empresas afectadas por la pandemia.
Aunque medidas como las suspensiones de pagos y ayudas estatales han sido anunciadas en diferentes partes del mundo, el plan de Bukele fue celebrado por sus seguidores por tratarse de una de las economías más pequeñas de la región.
Mientras, analistas y opositores ponen en duda que muchas de ellas sean viables por las propias limitaciones internas del país.
¿Qué dijo el gobierno?
Según el Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra el covid-19, el gobierno suspenderá también las cuotas de teléfono, cable e internet.
Los pagos de los alquileres tanto de viviendas como locales comerciales serán prorrogados y se regularán los precios para evitar un aumento que afecte a sectores más vulnerables, indica el documento.
"Esto incluye a empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, personas que han sido enviadas a casa sin sueldos", aclaró el mandatario sobre los grupos a los que iba dirigido.
El sábado, entretanto, anunció que más de 1,5 millones de personas que se dedican al comercio informal recibirían un bono de US$300 mensuales para compensar sus pérdidas por la paralización del país.
Bukele decretó además la cuarentana "domiciliar completa" para todo el país por un mes e indicó que quienes la desacaten serán detenidos y llevados a un "centro de contención" por ese lapso.
El anuncio de las detenciones generó oposición entre algunos diputados, quienes temen que los derechos de algunas personas puedan ser violados por fuerzas del orden que han sido señaladas de abusos en numerosas ocasiones.
¿En qué medida son factibles?
Según el analista económico César Villalona, se trata de un grupo de medidas que mezclan decisiones prácticas con otras de corte "populista".
"Hay un grupo de medidas factibles reales que son importantes y de las que no se ha hablado tanto: reducir los impuestos, las importaciones, regular los precios con la defensoría del consumidor o asegurar los insumos para la industria farmacéutica", le dice a BBC Mundo.
"Hay otras que se pueden aplicar relativamente, como la reducción de los créditos, y hay otras que realmente son de muy difícil aplicación, como los pagos que prometió", agrega.
De cumplirse la cifra prometida por Bukele para 1,5 millones de personas, el Estado desembolsaría unos US$450 millones en subsidios para personas afectadas.
"Para las finanzas públicas de El Salvador esa es una cantidad de dinero muy grande, no es viable", indica Villalona.
Por otra parte, se desconoce qué requisitos deben cumplir los potenciales beneficiarios para aplicar a la ayuda.
De acuerdo con datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, siete de cada 10 salvadoreños trabaja en el sector informal en un país con una población de 6,6 millones de habitantes.
"Aunque fuera solo a 1 millón de personas, pensemos que en dos meses, serían US$600 millones, eso supera el presupuesto de todos los ministerios del país, menos el de Educación. Entonces habría que buscar la fuente de ese financiamiento y eso es difícil", agrega.
De acuerdo con el analista, buscar una fuente para cubrir ese gasto sería extremadamente complicado y más en un país con las limitaciones económicas de El Salvador.
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