El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la muerte este sábado del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de las autoridades por su supuesta participación en una conspiración en contra del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado oficial, el gobierno informó que había solicitado al fiscal general, Tarek William Saab, "una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso".
Pocas horas antes, el líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había denunciado la muerte del militar.
"Confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo, habíamos denunciado el día martes su desaparición junto a otros 6 oficiales, y hoy se confirma su asesinato luego de haber sido torturado brutal y salvajemente", dijo Guaidó en una declaración transmitida en sus redes sociales.
El pasado 22 de junio Waleska Pérez, esposa de Acosta Arévalo, denunció que el militar había sido detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a quienes responsabilizó por su integridad física.
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Posteriormente, el miércoles pasado, el gobierno de Maduro aseguró que había desactivado un intento de golpe de Estado previsto para los días 23 y 24 de junio y que incluía planes para el asesinato de los principales líderes del gobierno.
Al día siguiente, el fiscal Saab señaló a Acosta Arévalo como uno de los supuestos implicados y dijo que estaba siendo investigado junto a otros 13 civiles y militares.
En declaraciones a la televisora EVTV de Miami, Pérez relató que cuando su esposo fue presentado el viernes pasado ante los tribunales "estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar".
"Lo torturaron mucho. Tanto que lo torturaron, que lo mataron", agregó.
En el comunicado oficial, el gobierno de Maduro afirma que Acosta Arévalo estaba imputado por "graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración" y asegura que la investigación que llevó a la detención de los presuntos conspiradores "se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos".
Tras conocerse la noticia de la muerte bajo custodia del militar venezolano, varias ONG solicitaron que el equipo técnico de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presente en ese país realice una inspección de los centros de detención e investigue las denuncias sobre las causas que llevaron a la muerte de Acosta Arévalo.
