Condenan en Cuba a activista e influencer por difundir video de un agente
AFP - Activista cubana Anna Benítez
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La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, se identifica en redes sociales como "Anna Bensi", se define a sí misma como "cristiana y anticomunista" y es reconocida por sus críticas al Gobierno de la isla. Este jueves, un tribunal de La Habana la declaró culpable junto a su madre, Caridad Silvente, del delito de "actos contra la intimidad personal y familiar", por grabar y difundir un video de un agente del orden.
Decenas de personas, muchas vinculadas a organizaciones religiosas, aguardaban en las afueras de la sala bajo un fuerte operativo de seguridad. Tras un juicio de unas tres horas, ambas fueron condenadas a dos años de "limitación de libertad", una sanción que no conlleva encarcelamiento, pero sí restricciones como la prohibición de salir del país.
Anna Bensi: "Esto es una injusticia"
"Realmente esto es una injusticia", declaró Benítez a la prensa al concluir la vista oral en una corte del municipio de La Habana del Este. A la salida del tribunal, Bensi y su madre fueron recibidas con aplausos y gritos de "Libertad" y "Patria y Vida", un lema de los opositores en Cuba. "Es un circo todo esto de estarme poniendo en esta situación cuando yo lo único que he hecho es decir lo que pienso en las redes sociales de manera respetuosa", añadió Anna Bensi.
El abogado de ambas, Roberto Ortega, dijo a EFE que "el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos 15 días aproximadamente". Además, indicó que solo "entonces se establece el periodo para el correspondiente recurso de apelación, que son 10 días hábiles", una decisión, que reafirmó, "solo depende de Bensi y su madre".
Bensi y su madre fueron enjuiciadas por una acusación en contra de ambas tras haber grabado y difundido el video de un agente de policía que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado. El proceso se originó por una denuncia que presentó un suboficial del Ministerio del Interior (MININT), quien sostuvo que la activista vulneró su intimidad al grabarlo y difundir imágenes suyas en redes sociales.
El incidente juzgado
El incidente ocurrió el 10 de marzo, cuando el agente del MININT, vestido de civil, se presentó en la vivienda de Benítez, en las afueras de La Habana, para entregarle una citación policial a su madre.
Ese día, Bensi denunció públicamente lo que consideró como una acción de hostigamiento e intimidación de las autoridades cubanas. Mostró ante la cámara la citación entregada para su madre, Caridad Silvente, y afirmó que carecía de validez legal, pues no especificaba el motivo de la comparecencia solicitada (el espacio estaba en blanco) y los oficiales firmantes aparecían solo con nombre, sin apellidos. Además, el documento exigía presentarse al día siguiente, sin cumplir con las 72 horas de antelación que dicta la ley.
Bensi denunció también que a su domicilio se presentaron dos individuos vestidos de civil a bordo de una moto. Mientras uno de ellos entregó la citación (y le mostró su identificación), el otro ocultó su rostro y se negó rotundamente a identificarse. La activista consideró esto como un acto de intimidación directa, reforzado por el hecho de que su madre estaría siendo citada por las autoridades debido al activismo de Bensi en redes sociales.
Anna Sofía Benítez utiliza sus perfiles en redes para visibilizar la crisis económica, la escasez de alimentos, la debacle salarial y las constantes dificultades de la vida cotidiana en la isla. Aboga por el derecho a la libre expresión, llama "dictadura" al Gobierno cubano y exige elecciones libres.
Justificación oficial
En una publicación replicada en redes y difundida por los medios estatales, el Ministerio del Interior cubano advirtió en un largo mensaje ―sin aludir explícitamente al proceso, como es usual de parte de las autoriades de la isla― que "un caso judicial no se decide en redes sociales" y enfatizó que "grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo".
"En Cuba, el Código Penal tipifica el delito contra la intimidad personal y familiar. No se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen. Por eso, decir que 'a alguien se le juzga por grabar a un funcionario' es una simplificación que oculta el verdadero objeto del proceso", afirma la nota.
El mensaje pide no "convertir cada caso en un show", insiste en que "la presunción de inocencia vale para todos" y resalta que "la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero no ampara la exposición de la intimidad ajena".
Las autoridades cubanas, sin embargo, exponen con regularidad en los medios estatales videos que difunden y descalifican la imagen de opositores y críticos del Gobierno, a los que comúnmente llaman "mercenarios", entre otros adjetivos, sin que se trate de delitos o acusaciones probados por la justicia.
Apoyo de defensores de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos como Cubalex y la plataforma Justicia 11J han denunciado el caso como un acto de censura y represión. Defienden que documentar de forma pacífica la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones es un derecho legítimo amparado por la libertad de expresión, y no un delito penal.
En redes sociales, activistas, influencers y usuarios cubanos de dentro y fuera de la isla se han solidarizado con Anna Bensi, rechazando una "censura a la libre expresión" que muchos han vivido en carne propia.
Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunciaron un "operativo represivo del régimen cubano para impedir que periodistas independientes, activistas y representantes religiosos asistan al juicio".
