Los abogados de la madre de la niña de 11 años que fue violada por su abuelastro y resultó embarazada en Bolivia denunciaron que fue sometida a un parto prematuro, informaron este sábado (06.11.2021) medios locales.
La niña de 11 años, que quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por su abuelastro, se encontraba desde hace varios días en una casa de acogida de la Iglesia católica, desde donde fue trasladada a un hospital en la ciudad de Santa Cruz donde -según la denuncia- fue sometida a una cirugía.
"Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto, ellos serán responsables si pasa algo peor con esa criatura", afirmó el abogado Néstor Higa, según citaron medios locales.
La defensa señaló que la Defensoría del Pueblo coordinó el traslado de la niña al hospital y denunciaron que separaron a la madre de la niña lo que calificaron como una "persecución feroz" por parte de las autoridades. Esta semana, la madre de la niña denunció que no se le permitía visitar a su hija en la casa de acogida de la Iglesia católica en la que estaba.
La Defensoría del Pueblo ya había interpuesto una denuncia en contra de la Iglesia, funcionarios del hospital y de las defensorías municipales de niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz. Posteriormente, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz le concedió a esta institución la tutela sobre la niña para su valoración médica.
El Ministerio de Salud conformó un equipo de diez especialistas entre psicólogos, ginecólogos, psiquiatras, entre otros, para que realizaran una valoración "estrictamente técnica" de la salud de la niña que ya tenía unas 23 semanas de embarazo. Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el estado de salud de la niña ni sobre el procedimiento al que fue sometida.
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Su caso se conoció hace un par de semanas y causó conmoción y un nuevo debate en Bolivia entre quienes defendían el derecho de la niña a interrumpir la gestación y quienes rechazaban esta posibilidad. En un principio se supo que la madre de la niña abusada había accedido a que se realizara un aborto. Sin embargo, luego de ser contactada por una organización perteneciente a la Iglesia católica, la mujer desistió de que se le interrumpa el embarazo.
Este polémico caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instó a Bolivia a proteger a las niñas de embarazos forzados, misma instancia a la que había acudido la madre para pedir medidas cautelares. Por su parte, las Naciones Unidas señaló que someter a una niña a un embarazo forzado está "calificado como tortura" e instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual.
En Bolivia, el aborto es considerado un delito, pero según las leyes tiene excepciones cuando de por medio hubo una agresión sexual, existe una malformación congénita o la vida de la madre está en peligro.
