Estados Unidos podría negar visas a extranjeros con diabetes u obesidad bajo orden de Trump
Estados Unidos podría negar visas a extranjeros con diabetes u obesidad bajo orden de Trump - AFP y Freepik
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La administración de Donald Trump volvió a generar controversia tras emitir una nueva directriz que podría impedir el ingreso o la residencia permanente en Estados Unidos a personas con diabetes, obesidad u otras afecciones médicas crónicas.
El documento, enviado por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, instruye a los funcionarios de visas a evaluar la salud de los solicitantes y considerar si podrían representar una “carga pública”, es decir, un potencial gasto para los recursos del país.
“Debe tenerse en cuenta la salud del solicitante”, señala el cable al que tuvo acceso "KFF Health News". “Ciertas afecciones médicas, incluidas, entre otras, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el cáncer, la diabetes, las enfermedades metabólicas, neurológicas y los trastornos mentales, pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”.
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El cambio marca una ampliación significativa de los criterios sanitarios que se consideran durante el proceso de visado. Hasta ahora, el examen médico obligatorio se centraba principalmente en enfermedades contagiosas como la tuberculosis o en la verificación del historial de vacunación. Con las nuevas reglas, la obesidad y otras enfermedades crónicas pasan a ser factores decisivos en la aprobación o rechazo de una solicitud.
Organizaciones humanitarias califican política como discriminatoria
El abogado Charles Wheeler, de la Red Católica de Asistencia Legal para la Inmigración, expresó su preocupación ante la nueva política, al advertir que otorga demasiado poder a los funcionarios sin formación médica. “Eso es preocupante porque no tienen formación médica, carecen de experiencia en este ámbito y no deberían hacer proyecciones basadas en sus conocimientos o prejuicios personales”, señaló.
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El documento también insta a los funcionarios a considerar la situación médica de los familiares del solicitante, como niños o padres ancianos, así como su capacidad económica para cubrir tratamientos sin recurrir al apoyo estatal. “¿Cuenta el solicitante con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida sin recurrir a asistencia pública o a la institucionalización a largo plazo?”, plantea el texto.
La nueva normativa forma parte de la estrategia más amplia del gobierno de Trump para restringir la inmigración y priorizar perfiles considerados económicamente autosuficientes. Expertos y organizaciones humanitarias han calificado la política como discriminatoria y médica y éticamente cuestionable, al considerar que penaliza la salud como un factor migratorio.
