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Justicia boliviana decreta cuatro meses de prisión preventiva contra Jeanine Áñez

AFP
Por AFP | T13
La ex mandataria boliviana, junto a sus ex ministros, se encuentran detenidos desde este sábado y enfrentan cargos por terrorismo, sedición y conspiración.

La ex Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 4 meses de prisión preventiva junto a dos de sus ex ministros.

La información fue confirmada por la ex mandataria a través de su cuenta de Twitter, mostrando disconformidad con la decisión judicial.

"Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió", afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.

Según informa el medio boliviano "El Deber", Áñez y sus ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, se le imputan los cargos de terrorismo, sedición y conspiración.

La ex mandataria boliviana, junto a sus ex ministros, se encuentran detenidos desde este sábado.

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La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva.

Áñez y sus excolaboradores han sido denunciados por la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, por lo que consideró un golpe de Estado contra Evo Morales.

La jueza determinó que Áñez sea trasladada a una cárcel de mujeres de La Paz, mientras que Coímbra a otra de hombres. A Guzmán le aplicó medidas sustitutivas con libertad.

La exmandataria de 53 años, abogada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km al noreste de La Paz, donde residía.

La acusación de Patty alcanza a otros tres exministros de Áñez (Yerko Núñez de la Presidencia, Arturo Murillo de Interior y Fernando López de Defensa), exjefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía y líderes civiles.

La demanda principal es contra el gobernador electo de la rica región de Santa Cruz (este), el derechista Luis Fernando Camacho, considerado como principal responsable en impulsar la dimisión de Morales a la presidencia, tras 14 años en el poder.

El exmandatario indígena dimitió en noviembre de 2019 tras violentas protestas sociales en todo el país, promovidas por opositores de derecha y centro que denunciaron un fraude del oficialismo en las elecciones de un mes antes.

Morales aspiraba a gobernar hasta 2025 de manera ininterrumpida.

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