El Servicio Nacional de Migraciones concretó, la tarde de este jueves, la expulsión de 23 migrantes del país. En un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), migrantes colombianos y peruanos abandonaron Chile, en el marco del cumplimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería.
A las 15 horas de este jueves salió de Iquique un avión de la FACh que traslada a 11 personas de nacionalidad peruana a Lima, y otras 12 personas de nacionalidad colombiana a Bogotá, que fueron expulsados de Chile por la comisión de distintos delitos.
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Se trata de 21 personas que cumplen con la expulsión administrativa y otros dos con la expulsión judicial.
Según detallaron desde el Servicio Nacional de Migración, 16 de los expulsados partieron desde Santiago y los otros siete se sumaron en Iquique para ser llevados hasta su país de origen.
Desde el mismo organismo explicaron que este es el quinto vuelo que realiza la FACh para concretar la expulsión de migrantes, y se suma a los anteriores realizado en octubre de 2022, octubre de 2023 y los últimos tres en diciembre de este año.
Este año, a la fecha, se ha expulsado a 886 personas, 309 administrativas y 575 judiciales.
Migrantes expulsados de Chile
Las personas que son devueltas a su país de origen pueden ser trasladadas bajo dos tipos de expulsiones: administrativa y judicial.
Las expulsiones judiciales ocurren cuando un tribunal de justicia la decreta como una pena sustitutiva para quien cometió un delito. Esto ocurre cuando una persona es condenada a delitos cuya pena es inferior a 5 años y un día de cárcel.
En el caso de este vuelo, las expulsiones judiciales fueron contra una persona condenada por el delito de robo con violencia y otra por el delito de robo con intimidación.
En el caso de la expulsión administrativa, la dicta el Servicio Nacional de Migraciones a personas que cometieron delitos en el país, fueron condenados y ya cumplieron su pena privados de libertad.
En este caso hay diez personas que fueron condenados por la Ley de Drogas, otra por robo con fuerza, una por violación y otra por abuso sexual, una por corrupción de menores, tres por ingresos por paso no habilitados al país y cuatro por antecedentes negativos.
