A un año de la tragedia en El Teniente: Familias de las víctimas siguen esperando respuestas
A un año de la tragedia ocurrida en el yacimiento El Teniente, las familias de los seis trabajadores que perdieron la vida continúan esperando respuestas sobre las causas del accidente que conmocionó a la minería chilena. Aunque las diligencias judiciales siguen en curso, todavía no existe una conclusión definitiva que permita establecer qué originó el colapso que terminó con la vida de los operarios.
La emergencia se registró tras un evento sísmico y estructural al interior de la mina, que provocó el desprendimiento de parte del macizo rocoso y dejó a cientos de trabajadores enfrentando momentos de extrema tensión. Quienes lograron salir con vida relataron que el estruendo fue distinto a cualquier tronadura habitual, describiéndolo como una explosión de una intensidad pocas veces experimentada en la faena.
Durante varios días, equipos especializados trabajaron ininterrumpidamente en las labores de búsqueda hasta que, el 3 de agosto, se confirmó el fallecimiento de los seis trabajadores que permanecían atrapados.
Las víctimas fueron Paulo Marín Tapia, de 48 años, operario electricista de Salfa Montajes y oriundo de Illapel; Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, de 33 años, trabajador de Gardilcic y residente de San Francisco de Mostazal; Álex Araya Acevedo, de 29 años, también integrante de Gardilcic y vecino de Rancagua; Jean Humberto Miranda Ibaceta, de 31 años, trabajador de la misma empresa y oriundo de esa ciudad; Carlos Arancibia Valenzuela, perteneciente a Gardilcic y oriundo de Rinconada, en la provincia de Los Andes; y Moisés Esteban Pavez Armijo, de 33 años, trabajador de Gardilcic y vecino de la comuna de Coinco.
Cada uno dejó una historia y una familia marcada por la tragedia. En el caso de Moisés Pavez, sus cercanos han relatado que al momento del accidente esperaba la llegada de un hijo, un proyecto de vida que para él quedó truncado. Para los familiares, mantener vivo el recuerdo de las víctimas también representa una forma de exigir mejores condiciones de seguridad para los cerca de 16 mil trabajadores que diariamente desarrollan labores en el yacimiento.
Una investigación que sigue sin respuestas
A doce meses del accidente, la investigación del Ministerio Público aún no logra establecer las causas del derrumbe ni determinar posibles responsabilidades. Uno de los principales factores que ha retrasado el proceso es el peritaje encomendado al DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, considerado una pieza clave para reconstruir lo ocurrido al interior de la mina.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el desarrollo de ese informe se ha visto afectado por la entrega gradual de información requerida a Codelco. Desde la empresa estatal sostienen que la demora responde al volumen de antecedentes solicitados por la Fiscalía, que alcanza 3.520 requerimientos distribuidos en 27 oficios, documentación que ha sido remitida de manera parcial mientras continúa el proceso de recopilación.
En el primer aniversario de la tragedia, los familiares volvieron a reunirse para recordar a los trabajadores fallecidos y reiterar su demanda de justicia. Aseguran que el paso del tiempo no ha disminuido el dolor y que cada audiencia reabre una herida que sigue sin cerrar.
Su principal exigencia es que la investigación avance con la rapidez necesaria para esclarecer qué ocurrió aquella jornada y establecer las responsabilidades que correspondan. Para ellos, conocer la verdad no solo representa un acto de justicia para quienes perdieron la vida, sino también una garantía de que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse en una de las operaciones mineras subterráneas más importantes del país.
