Acusan que personas desvinculadas de Municipalidad de Independencia tenían acceso a información sensible en administración de Durán
El Delegado Presidencial Gonzalo Durán enfrenta diversas acusaciones luego de que se conocieran los resultados a la denuncia de un funcionario de la Unidad de Control de la Municipalidad de Independencia que detectó pagos irregulares por varios millones, durante el tiempo en que Durán era el alcalde de dicha comuna.
La noche de este miércoles, Reportajes T13 accedió de forma exclusiva al informe final de Contraloría que confirmó las millonarias irregularidades en la Municipalidad de Independencia durante la administración de Durán.
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Luego de un reportaje emitido por T13 en noviembre, la Contraloría inició una investigación que culminó con este informe que respalda la denuncia del funcionario. El documento señala la “ausencia de control y supervisión por parte del Departamento de Educación Municipal de Independencia respecto de las operaciones, que conllevó a que esa dependencia municipal haya otorgado y pagado indebidamente y por sobre los topes legales establecidos las citadas asignaciones y beneficios remuneratorios”.
Funcionarios desvinculados habrían continuado con acceso a información sensible durante gestión de Gonzalo Durán
Además de los pagos irregulares, la investigación reveló un uso inapropiado de las claves de acceso al sistema de remuneraciones.
Tras esta afirmación, el informe detalla que “la encargada de remuneraciones realizó 31.885 operaciones en el sistema, a pesar de estar con licencia médica o tomando feriado legal”, lo que podría implicar que alguien más usó su acceso sin autorización.
El documento también señala que se detectaron cuentas activas con todos los privilegios asignados a "personas que ya estaban desvinculadas de ese departamento municipal", las que habrían tenido acceso a información sensible del municipio.
En noviembre del año 2024, Gonzalo Durán negó haber incurrido en estas irregularidades y aseguró que durante su gestión hubo “un comportamiento intachable”.
No obstante, el informe de Contraloría calcula que el total implicado supera los $201 millones en recursos fiscales, pagados injustificadamente.
