Aprueban política de uso de IA en el Poder Judicial: En qué casos se podría utilizar y qué no se podría hacer con ella
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El pasado viernes el pleno de la Corte Suprema terminó sus jornadas de reflexión, actividad que concluyó con un debate sobre lo que será la primera política de uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial.
La herramienta tecnológica, como en muchos sectores, ya ha tenido también incidencias en el Poder Judicial. A comienzos de octubre, la Corte de Apelaciones debió rectificar la resolución de un fallo en la que se evidenció el uso de inteligencia artificial por parte de un juez. Incluso se dio a conocer el prompt —instrucciones que se le entregan a la IA para que desarrolle una tarea— utilizado para la redacción del fallo.
Meses antes, en julio pasado, solicitaron prohibir el uso de la IA para el ingreso de escritos en la plataforma del Poder Judicial, debido a que habría hecho colapsar la oficina virtual. La Corte Suprema entregó una respuesta y debió adoptar medidas al respecto.
El impacto técnico y ético de estas herramientas en el ámbito judicial fue abordado durante el encuentro del viernes, concluyendo avanzar hacia una política institucional sobre el uso de la IA en el Poder Judicial.
Aprueban política de uso de IA en el Poder Judicial
Según fuentes del pleno, citadas por La Tercera, los ministros de la Corte aprobaron una política de IA y en los próximos días se dará a conocer el documento donde se podrá revisar la regulación al respecto. Además, para la jornada de este lunes está previsto que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informe sobre este tema a los medios de comunicación.
Quienes han podido acceder a la que será la primera política institucional de IA en la magistratura, de acuerdo con el periódico, comentan que una de las novedades es que se pasa de un modelo de uso individual de la herramienta a uno institucional.
Esto quiere decir que, tras la publicación de la normativa, en el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial sólo se podrán utilizar los usos de IA autorizados por la Comisión de Tramitación Electrónica.
Estas autorizaciones evaluarán en detalle para qué se puede emplear la herramienta, el tipo de información con la que se podrá trabajar y bajo qué condiciones. El peso estará en el uso específico que se autorice.
El documento establece que la IA es un sistema que ayuda a inferir resultados en función de la información proporcionada. Por eso quedan fuera las plantillas, los modelos y principalmente la automatización.
Otro aspecto clave tiene relación con garantizar la protección de información que no es pública. Por eso estará prohibido ingresar a herramientas de inteligencia artificial no autorizadas datos vinculados a proyectos de fallos o datos personales.
Asimismo, el documento plantea límites acerca de funciones que jamás podrán ser autorizadas para elaborarse mediante el uso de la IA; como decidir un caso, reemplazar la labor de valoración de la prueba o hacer cargo a la herramienta de la fundamentación de resoluciones o sentencias.
La política también exigirá que cualquier uso autorizado de IA siempre requerirá revisión humana. Por eso se permitirá su uso instrumental de apoyo a la función jurisdiccional, pero se prohíben explícitamente los usos sustitutivos, protegiendo la figura de que quien resuelve sea siempre el juez en base a su propio juicio.
La política considera la conformación de un Comité de IA, dedicado a monitorear la constante evolución de la herramienta y sus alcances en el Poder Judicial.
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