Un lapidario informe arrojó una auditoría realizada por la Unidad Externa del Ministerio de Salud, el cual detectó que en 110 ocasiones pagos realizados a empresas que proveen de profesionales a los centros asistenciales fueron autorizados por médicos que estaban vinculados a éstas.
Las sociedades médicas aludidas en el informe comienzan a gestionarse cuando se establecen los plazos que tiene el ministerio de Salud para responder frente a los problemas que están cubiertos en el plan Auge. Esto ha obligado al sistema a buscar diferentes proveedores que puedan dar soporte a la escasez de especialistas y profesionales que enfrenta el sistema público.
Lo anterior se convirtió en un negocio muy lucrativo para los médicos que, de acuerdo con El Mercurio, podrían ganar 3 o 4 veces más que su sueldo a través de estas sociedades proveedoras de profesionales de la salud.
Con todo lo anterior es que se comenzaron a crear sociedades conformadas por grupos de médicos que eran compañeros de trabajo en los diferentes servicios de salud pública y así empezaron a externalizar sus servicios, dejando de lado el trabajo propio del recinto donde estaban contratados.
Jornadas de trabajo
La auditoría también detecto que 83 profesionales que se encuentran contratados en hospitales públicos fueron sorprendidos prestando servicios desde las sociedades en horario institucional de trabajo. De éstos se, siete profesionales correspondían a jefes.
También se descubrió que, en 14 de los 52 recintos auditados se dividieron las compras de forma de no abultar las facturas y evitar que las mismas pasaran por contraloría y en el 37% de las licitaciones no hubo declaración de conflictos de interés por parte de los miembros del comité de compras.
Repudio transversal: Parlamentarios y Colegio Médico exigen sanciones
El primero en crticar esta situación fue Enrique Paris, presidente del Colegio Médico. El consideró que la entrega de licitaciones a sociedades médicas donde el jefe del servicio participa de esta es una actitud "reñida con ley".
El médico también alerto sobre la posibilidad de que algunos de los especialistas que trabajan en estas sociedades no se encuentren inscritos en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.
"Eso me parece gravisímo, porque el AUGE exige calidad. Cómo alegan después contra los médicos extranjeros que no tienen especialidad o no la han inscrito, si se contratan médicos (a través de las sociedades) en la misma situación.
Sobre lo mismo se refirió el otrora del Colegio Médico, Juan Luis Castro, quien ahora desde su silla parlamentaria emplazó a la asociación que presidió a que "pase de las palabras a la acción". El socialista también indicó que las autoridades de salud debían hacerse responsables por no ver antes el asunto.
"Han hecho vista gorda y avalado este doble rol, donde un médico se sienta en una silla pública para autorizar un pago y luego en una privada para recibirlo. Hay una evidente falta a la probidad".
El diputado Patricio Melero de la UDI fue aún más critico para sentenciar las actitudes descubiertas por la auditoria. "Me parece que la codicia y el afán de lucro no es una excepción entre los médicos, y lo más grave es que esto se hace a costa de las listas de espera. Esto tiene que ser investigado y sancionado por el Ministerio de Salud".
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