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Carabineros confirma que demolición de toma Calicheros en Quilpué se realizará el martes

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El municipio informó además que pondrá a disposición un albergue para las familias desde el lunes y coordinará operativos para el rescate de animales.

Este lunes comenzaron los trabajos al interior de la toma Calicheros en Quilpué, en la Región de Valparaíso, para proceder con la demolición de las construcciones realizadas en el terreno del fallecido empresario Alejandro Correa.

El propietario fue asesinado por un sicario colombiano condenado a 20 años de cárcel, que había sido contratado por dirigentes de la toma.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que para este próximo martes está programado el inicio de los trabajos de demolición, que se extenderán por una semana con apoyo de contingente policial.

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Recordemos que se trata de una toma que se levantó semanas antes del asesinato de Correa, quien denunció que desconocidos ingresaron a su terreno con maquinaria pesada, abrieron caminos interiores y comenzaron a delimitar lotes.

Uno de los involucrados en esas acciones fue identificado como Luis Alarcón, profesor de Historia y vocero del campamento, que años más tarde fue condenado a 541 días de presidio menor por loteo ilegal, pena que cumplirá en libertad.

Demolición de toma de Quilpué comenzará este martes

Desde Carabineros señalaron que durante esta jornada se llevó a cabo el proceso de catastrar gente e informar cuáles son los paños de delimitación que se van a demoler el martes.

Se espera que este martes a las 7 de la mañana se comience con la demolición de las construcciones. El procedimiento contará con 300 funcionarios.

Este lunes, los pobladores fueron informados de que deben desalojar en terreno. En caso de permanecer ahí hasta mañana, podrían ser detenidos para proceder con la demolición.

El municipio informó además que pondrá a disposición un albergue para las familias desde el lunes y coordinará operativos para el rescate de animales domésticos y de granja.

Hasta ahora, más de 38 familias han sido inscritas en catastros municipales y se han contabilizado cerca de 140 viviendas aún en pie.

Desde la comunidad de la toma, se acusó que no han recibido información suficiente sobre los estándares del proceso y presentaron un reclamo ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).