“Tenemos simplemente delincuencia”. Así de categórico fue el fiscal Manuel Guerra sobre el denominado caso AK-47, donde se investiga la presunta compra y venta de un fusil por casi dos millones de pesos y donde dos personas se encuentran en prisión preventiva, mientras que otras cuatro fueron formalizadas por su presunta vinculación en la indagatoria, para la cual se fijó un plazo de 120 días.
“Es un caso de compra venta de armas. Se ha especulado mucho, nosotros hasta la fecha no tenemos lo que algunos manifestaban como un grupo de ultra derecha que pretendía realizar determinados desmanes o atentados con ocasión de marzo. No tenemos eso”, afirmó Guerra en Radio Universo.
El jefe de la fiscalía Metropolitana Oriente recalcó la importancia de dar con el origen de las armas y que se cree que "pueden haber casos similares”, pues “de algún lado sacan armas los delincuentes”.
Consultado sobre la tesis de que se trataría de un grupo de ultraderecha, el fiscal dijo: “Lo que veo es una persona dispuesta a vender armas. Se supone que hay un mayor interés por armas de aquellas personas que tienen temor a los hechos de violencia pero enfocarlo por ahí es un error”.
El caso AK-47 ha estado cruzado además por la decisión del gobierno de no interponer querellas invocando a la Ley de Seguridad del Estado.
"Recordemos que la Ley de Seguridad del Estado tiene ciertos delitos por los cuales permite querellarse y, por lo tanto, estamos esperando recibir los antecedentes, que éstos puedan ser públicos para evaluar", señaló la vocera de Gobierno Karla Rubilar.
