La ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunció que el gobierno presentará un recurso para alegar "falta de defensa" en la audiencia de la Corte Suprema donde se ratificó la libertad condicional para el sargento (r) Alejandro Sáez Mardones, uno de los condenados en el triple homicidio de los militantes comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, en lo que se conoce como el "Caso Degollados".
"Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a comentar fallos (...) no vamos a cambiar nuestra doctrina en cuanto a no interpretar fallos pero también es cierto que nosotros a través del programa de Derechos Humanos que hoy día va a pasar a ser parte del Ministerio de Justicia y DD.HH, vamos a presentar un recurso", dijo la ministra.
Blanco aseguró que la ideal recurso es "poder alegar la falta de defensa que nos parece que acoge un principio básico toda vez que no fue posible realizar los alegatos".
El fallo de la Corte Suprema generó reacciones en el mundo político, y en particular una dura declaración por parte del Partido Socialista.
"No parece razonable que criminales de lesa humanidad como Alejandro Sáez, autor material del degollamiento de tres profesores por su afiliación política, obtenga beneficios carcelarios como si se tratara de un reo común, considerando que no cumple, al menos, con el requisito mínimo del arrepentimiento al justificar sus acciones delictivas", señalan en una declaración.
El PS agregó: "Hacemos un llamado a no sentar un precedente nefasto para nuestra justicia y castigar por esta vía nuevamente a los familiares de las víctimas a quienes manifestamos nuestra más profunda solidaridad y respaldo".
Junto con esto, la colectividad hizo un llamado al gobierno a dar urgencia al proyecto de la presidenta del partido, Isabel Allende, que impide la entrega de beneficios a condenados por causas de DD.HH.
En tanto, el PC anunció que recurrirá a instancias internacionales.
Cierre de Punta Peuco: "Estamos evaluando alternativas"
Consultada sobre el eventual cierre de Punta Peuco, la ministra reafirmó la postura del gobierno en relación a que "estamos analizando las situaciones de capacidades máximas, efectivamente estamos ad portas del cumplimiento de su capacidad máxima y lo que corresponde es evaluar alternativas".
