Caso licencias médicas: Por qué es tan difícil despedir a los funcionarios públicos
La Contraloría General de la República (CGR), reveló que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica y viajaron fuera del país.
Ante esto, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal en contra de los trabajadores por eventuales delitos de fraude al fisco.
La Ley 18.834, conocida como Estatuto Administrativo es un sistema integral que regula el empleo público en Chile. En ella se dice que “todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo”, lo que dificulta sancionar o remover a un empleado público.
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Por qué es tan difícil despedir a los funcionarios públicos
Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP explicó a LUN que el Estatuto Administrativo “fue diseñado para garantizar la estabilidad del trabajador ante eventuales decisiones arbitrarias del Estado, para evitar, por ejemplo, que un empleado que entró por concurso público y forma parte de la planta administrativa no sea perseguido por razones políticas”.
El Estatuto fue promulgado en septiembre de 1989, pero ha sido modificado durante estos años.
En concreto, si el jefe superior de la institución, estima que un funcionario cometió un acto “susceptible de ser sancionado con una medida disciplinaria” ordenará a otro funcionario abrir un proceso de “investigación sumaria”, donde se deben acreditar los hechos.
Si los hechos “revisten una mayor gravedad” inicia el sumario administrativo, a cargo de un funcionario de mayor rango que el investigado, que actuará a modo de fiscal. Otro funcionario tendrá el rol de “actuario” como “ministro de fe”.
Se presentan cargos y descargos, declaraciones, presentación de pruebas, informes del fiscal al jefe de servicio, resolución y apelación, con plazos que pueden alcanzar los 90 días, lo que puede aumentar si el investigado presenta recursos a su favor.
Espinoza señaló sobre los funcionarios públicos que “si el trabajador considera perjudicial la medida puede reclamar ante la Contraloría General de la República, proceso que puede tomar más de un año hasta que se pongan todos los antecedentes en la mesa y la evidencia termine hablando, porque sería un error procedimentalmente costoso para el Estado si saca a un funcionario sin evidencia contundente”.
Adicionalmente, el académico de Administración Pública de la USS, Hugo Jofré precisó que “las asociaciones de funcionarios tienen mucha influencia en cuanto a medidas de presión para evitar sanciones. Llevar a cabo sanciones asociadas a sumarios e investigaciones internas en los servicios públicos es difícil por los costos”.
