"Cautelares reforzadas": Las cinco nuevas medidas que el Gobierno propone para proteger a víctimas de VIF
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, anunciaron el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”.
La iniciativa modifica normas contenidas en la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley sobre violencia intrafamiliar, iniciativa que crea los Tribunales de Familia, normativa sobre monitoreo telemático, la de institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y el Código Procesal Penal.
En ese contexto, la ministra Marín, destacó que “este proyecto de ley propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o mal utilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”.
Por su parte, el ministro Fernando Rabat, explicó que “la iniciativa también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”.
Las ideas que propone el proyecto "Cautelares Reforzadas"
El proyecto contempla una serie de modificaciones orientadas a asegurar mayor continuidad en el resguardo de las víctimas, incorporar herramientas frente a nuevas formas de violencia, fortalecer la fiscalización y establecer mayores consecuencias ante el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Entre sus principales medidas se encuentran:
Protección continua entre tribunales
El proyecto busca evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito.
Según indica la iniciativa, en ese tránsito pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las medidas cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo. En ese sentido, la propuesta establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.
Nueva medida cautelar: Prohibición al hostigamiento digital
La iniciativa reconoce que el hostigamiento o acecho puede producirse de manera presencial como a través de medios digitales. Una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante redes sociales u otras plataformas. En este sentido, se incorpora una medida cautelar que permite prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Además, establece que la judicatura deberá pronunciarse sobre medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.
Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares
El proyecto incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos. Amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor, elimina el requisito de formalización para acceder a este sistema y establece consecuencias cuando una persona arranca o inutiliza intencionalmente el dispositivo.
También obliga a informar a Gendarmería sobre las resoluciones relacionadas con esta herramienta.
Prisión preventiva al no cumplir cautelares
La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto. Estas situaciones pueden constituir un antecedente relevante para evaluar el riesgo para su seguridad. Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal para que la judicatura deba ponderar la entidad y circunstancias de estos incumplimientos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. Esto no implica su aplicación automática, sino un análisis de cada caso según sus propias particularidades.
Juez preferente en casos de VIF
Los casos de violencia intrafamiliar requieren una respuesta judicial con mayor especialización, pero actualmente los jueces de Garantía conocen una amplia variedad de materias. Por ello, en los tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, se podrá designar a uno de ellos para conocer preferentemente estas causas, con el objetivo de favorecer una tramitación más especializada y dar continuidad a su conocimiento.
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