Nacional

Condenan a Gendarmería de Chile a indemnizar a abogada que fue víctima de acoso laboral

Agencia Uno
Por T13
Tras acoger la demanda por daño moral, se condenó a la parte denunciada a pagar la suma de 15 millones de pesos en favor de la víctima.

El Segundo Juzgado de Letras de Santiago acogió la denuncia presentada por Francisca Noll en contra de Gendarmería de Chile y su director nacional, Christian Alveal, estableciendo que incurrió en actos de acoso laboral.

Según detalló el fallo al cual pudo acceder T13.cl, los hechos se remontan a junio de 2018, a raíz de la apertura de un sumario administrativo ordenado por la entonces directoria nacional del organismo, Claudia Bendeck, producto de la viralización de un video grabado al interior del módulo 11 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. En el registro se aprecia cómo se maltrató y agredió a dos imputados ecuatorianos.

Francisca Noll Vergara se constituyó como fiscal administrativa para iniciar las investigaciones del caso y, días después, la entonces directora nacional, Claudia Bendeck, le señaló que resolvería un eventual cambio de fiscal. Sin embargo, se le ratificó en el cargo y, a la vez, consultó sobre presiones, las cuáles habrían sido dadas a entender.

En esa línea, figuran el subdirector operativo, Christian Alveal, actual director (s) de Gendarmería; y el entonces coronel jefe del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP), Renán Sepúlveda, quienes habrían solicitado la salida de Noll del caso.

En paralelo, el 25 de junio del 2018, se denunció a la abogada acusándole de graves incumplimientos al deber de probidad, confidencialidad, prudencia y resguardo de la información que maneja en razón de su cargo; y de mantener estrecha relación con dos funcionarios inculpados en sumarios administrativos, según recogió el texto.

De igual forma, días después, Alveal la detuvo en uno de los ingresos del edificio institucional para consultarle una opinión sobre una eventual reapertura sumarial de un proceso -algo que por ese entonces era de exclusiva facultad de la directora nacional- y por septiembre del mismo año se inició un proceso sumarial tras la denuncia falsa, lo que provocó rumores de que sería sumariada y suspendida de sus funciones, pero no había sido notificada de ningún proceso en su contra.

Lo anterior provocó que sufriera problemas en horarios y ámbito laboral, pues comenzó a presentar cuadros de cefaleas, insomnio, falta de descanso, desconcentración, irritabilidad, propensión al llanto, sensibilidad, angustia, miedo y suspenso.

Por fines de septiembre del 2018, la directora nacional Claudia Bendeck renunció al cargo y fue reemplazada por Christian Alveal y días después de presentar una licencia médica, Francisca Noll fue contactada desde el Ministerio Público para coordinar entrega de información ligada al sumario y desde la PDI para tomarle declaración por una denuncia de falsificación de documentos.

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De acuerdo al texto, tras finalizar la licencia, Noll fue impedida de ingresar a su lugar de trabajo, por lo que se le derivó hasta donde la teniente coronel Michelle Barahona, a quien le manifestó que por horarios no podía concurrir, pero que tenía disposición de hacerlo durante la tarde. Sin embargo, le afirmaron que debía presentarse a la brevedad, por lo que interrumpió su horario de trabajo para acudir a su oficina, donde le la propia Barahona le comentó ser la fiscal de un sumario administrativo en su contra y que le notificaba la calidad de inculpada y la suspensión de sus funciones. Producto de un problema con las impresiones de los documentos, Noll señaló que podía, en más de una oportunidad, complementar el trámite en horas de la tarde, pues debía concurrir a entregar una declaración a la PDI. Pero se lo negaron.

Luego de acudir a su oficina a buscar una documentación, Michelle Barahona llegó al lugar dando goles en la puerta y en compañía de cuatro gendarmes, asegurando que Noll se había "arrancado" y se encontraba parapetada en su oficina, lo que provocó que los funcionarios portaran chalecos antibalas y uno de ellos con una Go-Pro en su pecho. Portaban armas.

En medio de la tensión provocada en esa instancia, su jefatura "intervino" para solicitarle que accediera a notificarse voluntariamente y que "no hiciera más difícil esto". Le pedían que colaborara y, producto de lo mismo, efectuó su declaración. Pero la fiscal estimó que no colaboró en los hechos y la suspendió de igual manera.

La fiscal Barahona le prohibió "efectuar diligencia alguna" en el proceso que investigaba y le impidió imprimir sus documentos, tras un proceso que se extendió por seis horas y pese a que, según afirmó, siempre se mostró abierta a colaborar.

Según recogió el fallo, "es efectivo y ha quedado establecido con la documental antes mencionada, con la testifical y con el análisis de los argumentos constitutivos de actos de hostigamientos, que la denunciante de manera evidente ha visto afectada su psiquis de manera significativa, situación que se mantiene en la actualidad, pues los actos de hostigamientos no han cesado. La denunciante, por aproximadamente tres años, de manera persistente y regular ha acudido a todas aquellas instituciones habilitadas ya sea por el legislador o por reglamento, para solicitar la regularización de todas aquellas conductas anómalas que se han verificado por parte de la denunciada, lo que incluye Tribunales de Justicia, en un proceso extenuante, agotador, que aún no concluye por lo que es posible advertir que el daño verificado a la moral, es indiscutible".

En el mismo, "se declara que incurrió en actos de acoso laboral y vulneratorios de la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República", por lo cual, tras acoger la demanda por daño moral, se condenó a la parte demandada a pagar la suma de 15 millones de pesos en favor de la denunciante.

Además, se dictó que la parte denunciada deberá regularizar en un plazo máximo de 30 días el pago de todas las asignaciones impagas desde el 2019 a la fecha, sobre todo los bonos y asignaciones. Junto con eso, se la parte demandada deberá evaluar la pertinencia de mantener la suspensión de la denunciante.