Presentan querella contra ministro Poduje por demolición de viviendas en El Olivar: "Utilizó el aparato estatal para cometer delitos"
Este viernes, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se presentó una querella en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, por la demolición de las casas del sector de El Olivar.
La acción judicial, a la que tuvo acceso en exclusiva Reportajes T13, según explicó la abogada Erika Maira, asegura que el secretario de Estado "utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes, y dictar resoluciones manifiestamente injustas".
"Esperamos que en una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer los hechos, que se han desarrollado con presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo en fraude al Fisco", agregó.
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La denuncia apunta a la demolición de viviendas sociales de El Olivar en Viña del Mar, que estaban destinadas para damnificados del megaincendio del 2024 y que eran gestionados por la Empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ).
Presentan querella contra el ministro Poduje por demolición en El Olivar
La querella interpuesta por la empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ) también incluye al seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Marcelo Ruíz, y el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz.
Dentro de los delitos imputados se encuentra la prevaricación administrativa reiterada por dictar resoluciones manifiestamente injustas y fuera de sus competencias legales y la falsificación ideológica de instrumento público al faltar a la verdad en hechos sustanciales y presionar a funcionarios para antedatar documentos.
A esto se suma el uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco, relacionado a la orden de demoler casas de forma innecesaria, provocando perjuicio económico al Estado.
Según el texto, Iván Poduje, motivado por un diseño político personal e intereses particulares, gestó un plan desde antes de asumir como ministro para excluir a SARQ y a la Constructora San Sebastián del proyecto, y así poder liderar la reconstrucción con empresas de su preferencia.
Una vez en el cargo, acusa que Poduje habría actuado con desviación de poder y sin contrapeso técnico, inmiscuyéndose en funciones exclusivas del Serviu para ordenar arbitrariamente la paralización indefinida de las obras.
Para justificar esta expulsión y la salida de las empresas del mercado de viviendas sociales, los querellados habrían amenazado y forzado a Inspectores Técnicos de Obra del Serviu a redactar y antedatar informes falsos que reportaban "graves fallas constructivas" inexistentes.
Con esta documentación falsa, habrían engañado y presionado a los vecinos para que finalizaran sus contratos con SARQ y San Sebastián.
De acuerdo a la abogada Erika Maira, la querella detalla que el ministro "ordenó la demolición injustificada de viviendas recién construidas, ignorando peritajes del IDIEM que demostraban que las casas podían ser fácilmente reforzadas. Esta acción habría significado un perjuicio fiscal injustificado por más de 2.332 UF, configurando el delito de Fraude al Fisco".
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