El extenso historial de delitos sexuales de los reos liberados junto al agresor de Nabila Rifo

Este viernes se conoció el grave historial de delitos sexuales que tienen seis de los 24 reos que fueron beneficiados con libertad condicional por la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique, la misma que autorizó la salida de Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión a Nabila Rifo.

De acuerdo al informe que reveló BioBíoChile, en el listado figuran delincuentes con antecedentes altamente preocupantes.

El grave prontuario de delitos sexuales entre los beneficiados por la comisión que liberó al agresor de Nabila Rifo

Seis de los liberados tienen condenas por abuso sexual y violación de menores de edad, y varios presentan un alto riesgo de reincidencia según informes técnicos de Gendarmería. Además, en el grupo también se encuentran narcotraficantes, homicidas. En total, la comisión aprobó el beneficio a 24 de los 35 internos que postularon.

Uno de los casos más alarmantes es el de Fernando Cuyul Véjar, condenado por tres delitos de abuso sexual contra menores de 14 años y por violación impropia. Un informe de Gendarmería de 2024 señala que presenta un “riesgo de reincidencia alto”, junto con una clara “orientación procriminal” y un patrón de conducta “antisocial”.

“Ha presentado agresión sexual intrafamiliar en contra de niñas“, expone el documento. 

También fue liberado Mauricio Ubaldino Pérez Rubilar, condenado por violación y abuso sexual de menor de edad. En su caso, no se conocen mayores antecedentes públicos.

Entre los nombres del listado también aparece Elvis Gerardo Chiguay Quediman, quien fue sentenciado por abusos sexuales a menores. Su proceso se inició en 2018 en el Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes. Las víctimas eran menores de 14 y de entre 14 y 18 años.

Otros tres condenados por abuso sexual de menores también accedieron al beneficio:

• Sergio Helmut Mardones Rosas,

• Luis Alen Sepúlveda Quiroga y

• Luis Alberto Salazar Salazar.

Mardones cumplía una condena de 7 años por abusar de una familiar, a quien además exponía reiteradamente a material pornográfico. Un informe de Gendarmería de marzo de 2025 señala que “el evaluado presenta necesidades criminógenas de riesgo en violencia sexual de un nivel alto, lo cual se está interviniendo en relación a un proceso institucional”.

Ese mismo informe también advierte sobre su perfil psicológico. “Otro aspecto importante a tener en consideración, son las características de personalidad del evaluado que fueron detectadas en la escala de psicopatía y responden a factores estáticos no modificables, tales como: mentira patológica, manipulación, locuacidad, desconexión afectiva y falta de arrepentimiento, teniendo una incidencia directa para una posible reincidencia en violencia sexual”, firmó el profesional Gustavo Mejía Martínez.

Por su parte, el documento sobre Luis Salazar indica que en 2024 presentaba un “alto riesgo de reincidencia de violencia sexual”, “problemas de autoconciencia y escasa motivación al cambio”.
Además, “persistía en la negación de los hechos constitutivos como violencia sexual”, lo que “no ha permitido que el postulante pueda comprender los factores de riesgo asociados a su conducta, provocando nulos avances en su proceso de intervención”.

Casos de homicidio también figuran entre los liberados

La única mujer que recibió la libertad condicional en esta nómina fue Patricia Magaly Almonacid Galindo, condenada a diez años y un día por homicidio simple. Su historial revela múltiples intentos fallidos de obtener el beneficio.

Los informes indicaban que “no presenta avances significativos en su proceso de reinsertarse adecuadamente a la sociedad”.

Las razones incluyen falta de red de apoyo familiar, baja capacidad para resolver problemas, consumo problemático de alcohol y déficit cognitivo. Patricia presenta un 70% de discapacidad intelectual: no sabe leer ni escribir.

Durante el juicio, su defensa argumentó que “existió una deuda de la sociedad con ella, debido a que jamás el Sename se preocupó de ella”, y que vivía en un círculo de violencia al momento de cometer el crimen.

Junto a ella también accedieron al beneficio Franklin Esteban Vargas Rojas y Jonathan Alberto Aguilar Lepio, ambos condenados por homicidio.

La decisión de la Comisión de Libertad Condicional fue tomada por la ministra Natalia Rencoret, de la Corte de Apelaciones, junto a los magistrados Pablo Freire y Patricio Zúñiga del Tribunal Oral en lo Penal, Mario Devaud y Carlos Astudillo del Juzgado de Garantía, y Juan Patricio Silva como ministro de fe.