“Por todas esas familias que nunca imaginaron que sus seres queridos serían arrebatados de sus vidas por la bala de un arma… Cada vez que pienso en esos niños me pongo furioso”, dijo Barack Obama el pasado 5 de enero en la Casa Blanca, secándose una lágrima. Rodeado por familiares de víctimas de la violencia, el mandatario norteamericano rememoró las ciudades de su país donde se han registrado tiroteos masivos, criticó “las mentiras del lobby de las armas” y anunció una batería de normas para un mayor control en este tema.
Se trata de uno de los debates más intensos en EE.UU., país con 320 millones de habitantes y que -según cifras de 2009- tiene 310 millones de armas inscritas, casi una por persona. Una discusión que divide profundamente posturas en el Congreso y que ha sido recogida en documentales como “Bowling for Columbine”, de 2002. En líneas gruesas, la petición por parte de las familias de las víctimas -y en los últimos años, del gobierno demócrata de Obama- de aplicar mayores restricciones a la venta, compra y porte de armamento, versus los sectores más duros que defienden a ultranza la segunda enmienda a la Constitución, que establece que “el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
Lejos de las cifras de Estados Unidos, en Chile hay un arma de fuego registrada cada 23 habitantes. En total, según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) actualizadas a febrero de este año, 764.280 mil armas en un universo de cerca de 17 millones y medio de personas.
Pese a las diferencias, el debate sobre mayores restricciones podría instalarse en las próximas semanas. Esto pues el gobierno prepara una batería de medidas en ese sentido, tanto administrativas como dentro de un proyecto a discutir en el Congreso.
“ADN del arma”
El pasado martes 5 de abril, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, recibió en La Moneda a representantes del Ministerio Público y las policías.
Se trata de una mesa de trabajo, que viene funcionando desde fines de marzo del año pasado con el mandato expreso de buscar vías para la “desarticulacion del negocio ilegal de armas y municiones”, luego de que días antes, en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, falleciera el cabo segundo de Carabineros, Alejandro Gálvez, de 30 años, producto de un disparo de encapuchados.
Fallece carabinero en enfrentamientos por día del joven combatiente
Ahora, ern la reunión de abril de este año, Aleuy y el resto de los integrantes de la instancia profundizaron en una agenda de medidas específicas -de corto, mediano y largo alcance- orientadas a combatir las bandas que comercializan armamento y a endurecer las restricciones en la compra y venta de armas.
Ese trabajo, según explicó Aleuy a T13, se traducirá en una serie de medidas de dos tipos: administrativas y modificaciones legales a discutir en el Congreso.
En el primer grupo, dijo el subsecretario, está lo que Aleuy describe como “marcar” cada una de las municiones que son vendidas en Chile. Lo segundo, identificar los domicilios donde exista un arma inscrita a través de un sistema de georefencia. Y tercero, antes de que un arma sea vendida, deberá ser inscrita en el banco de datos nacional que maneja la DGMN. “Hoy si eso no se hace voluntariamente, las armas se clasifican en el banco en función a las que se decomisan o participan en algún delito”, detalló Aleuy.
“Es como un ADN del armamento”, agregó el subsecretario. “Si a alguien le roban un arma, de dónde salió esa arma; si hay un baleo en alguna parte, quién vendió la munición correspondiente o eventualmente a quién se la robaron. Establecer un control mucho más expedito”, puntualizó.
Pero además de las medidas administrativas, el gobierno prepara cambio a las leyes para hacer más estrictos los requisitos al momento de comprar y vender.
Entre ellas, según dicen en el Ejecutivo, se considera que cada comprador deba acreditar haber recibido renta durante los últimos seis meses. Algo que apunta a restringir a delincuentes el acceso fácil.
Otra norma es la creación de un registro especial de psiquiatras. Esto pues, de acuerdo a la norma actual, uno de los requisitos al momento de comprar un arma es tener un certificado médico que acredite la inexistencia de enfermedades o problemas mentales. Y la autoridad ha detectado una suerte de “mercado negro” de este tipo de documentos, entregados por profesionales en acuerdo con algunas armerías.
Además, se menciona limitar la cantidad de armas por persona y por domicilio. Hoy, no existen límites en este aspecto. Las nuevas condiciones, por el contrario, establecerían una sola arma inscrita por cada RUT y, también, una sola por domicilio.
“En general las normas en Chile son bastante restrictivas, pero igual hemos detectado algunas personas que tienen un exceso de compra de armamento a través de la figura del coleccionista. Así que vamos a tomar las medidas que correspondan”, señaló Aleuy.
Todas estas restricciones se sumarán al procedimiento que ya existe al momento de comprar o vender. Actualmente se exige un certificado de residencia entregado por Carabineros, rendir una prueba escrita sobre mantenimiento y manejo del arma, el certificado del psiquiatra y no haber sido condenado por crimen o simple delito.
Nuevas medidas que apuntan, en resumen, a restringir la cantidad de armas circulando en el país. “(A impedir que) Estas armas inscritas o no inscritas lleguen a mano de delincuentes, que van a consumar delito, y esto afecta tanto a la vida de las personas, la integridad física como la propiedad”, sostuvo el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, uno de los asistentes en representación del Ministerio Público a la mesa liderada por Aleuy.
Guzmán añadió que lo que se busca es reducir “las situaciones de riesgo a que puedan estar expuestas las personas, se reduce la posibilidad de cometer delitos violentos como hemos visto en relación de robos con intimidación o los denominados también portonazos”.
“No es un tema de crear mayor burocracia, sino que los requisitos efectivamente den cuenta de lo que necesitamos: que el usuario tenga y esté en condiciones para poder ser tenedor de armas”, señaló la mayor Macarena González Mekis, jefa del departamento jurídico de la DGMN.
“En la medida en que hay más armas en un sector geográfico determinado, las personas sienten más miedo. Y la única forma en que no tengan que sufrir ese miedo o ese calvario permanente, es que nosotros desarticulemos estas bandas criminales”, agregó Aleuy.
Críticas a las medidas
Los anuncios del Ejecutivo recibieron críticas de algunos expertos y de quienes del mundo de los coleccionistas y usuarios de armas.
Según la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, para combatir el “uso ilegal o venta ilegal de armas que alguna vez fueron legales, lo que hay que abordar es la conducta ilegal y no la tenencia legal de armas, de los que quieren legítimamente poder tener un arma en su poder”.
En eso coincide Ennio Mangiola, de la . “Son medidas parche que no van al problema, que es el comercio ilegal de armas. Nosotros siempre hemos apuntado a que las penas en Chile son demasiado blandas para quienes delinquen con armas de fuego. Ahí tienen que apuntar. Ahí viene el foco a endurecer”.
“Como gremio, como armerías, hemos sufrido mucho problemas: órdenes de compras falsas, falsificaciones, robos. Y Carabineros en todo este tiempo no ha sido capaz de dar solución. Hace 2 años en dos armerías compraron 20 armas con documentación falsa, y Carabineros no ha podido dar respuesta. Además, tenemos fronteras amplias por donde ingresa armamento… Y esas medidas no se están tomando. En el asalto en La Vega (ocurrido hace una semana), ahí se usó armamento de guerra, que no está permitido para el uso civil, fue robado de las instituciones de orden y seguridad, porque es imposible que un civil la tenga”, señaló Mangiola.
