Preocupación en seguridad privada: Más de 33 mil guardias podrían quedar sin trabajo por demoras en trámite
La implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada encendió las alertas en el sector luego de que se advirtiera que más de 33 mil guardias y vigilantes aún no logran completar el proceso de acreditación exigido por la normativa, situación que podría dejar fuera de funciones a cerca del 10% de la industria.
El problema ocurre a pocas semanas de que venza el plazo legal establecido para regularizar las certificaciones, fijado para el próximo 28 de mayo.
Actualmente, el rubro de la seguridad privada reúne a más de 300 mil personas en todo el país, quienes cumplen labores en bancos, hospitales, centros comerciales, transporte de valores, eventos masivos y distintos recintos públicos y privados.
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Ley de Seguridad Privada: más de 33 mil guardias podrían quedar sin trabajo
Desde el Ejecutivo reconocieron dificultades en la puesta en marcha de la normativa, particularmente en los procesos de registro y certificación tanto de trabajadores como de empresas.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, explicó que muchos trabajadores no alcanzaron a completar los trámites necesarios debido a problemas operativos en la plataforma y en los sistemas de acreditación.
"La gente no tuvo la posibilidad, en el caso de quienes van a ejercer la seguridad como personas naturales, de encontrarse acreditados y certificados para poder ejercer sus funciones al 28 de mayo. Lo mismo ocurría con las empresas que no lograron subir sus estudios de seguridad, solo lo lograron tres de 3.700", señaló la autoridad.
Desde la Cámara Nacional de Seguridad Privada aseguran que uno de los principales problemas se concentra en la capacidad operativa para realizar las evaluaciones exigidas por la nueva normativa.
"Nos encontramos con que se empezó a generar un cuello de botella en la toma de exámenes por parte de las oficinas de OS-10 de Carabineros. Tenemos oficinas de OS-10 en regiones, que tienen que tomar 70, 100 o 200 exámenes, y tienen dos computadores para poder llevar adelante esa tarea", afirmó Aldo Vidal, representante del gremio.
La preocupación apunta a que, si no se modifica el plazo establecido en la ley, miles de trabajadores podrían quedar impedidos legalmente de ejercer funciones de seguridad privada desde fines de mayo.
"Son más de 33 mil personas las que, por no encontrarse acreditados y certificadas sus facultades para poder ejercer la función, es posible que queden sin trabajo", advirtió la subsecretaria Quintana.
Frente a este escenario, el Gobierno ingresó una ley corta para extender el período y evitar una eventual salida masiva de trabajadores del sistema. La iniciativa ya comenzó su tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
