Primo de Franco Parisi es uno de los detenidos en medio de investigación por lavado de activos y secuestros extorsivos
Agencia Uno (archivo) - PDI
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En medio de diligencias reservadas del Departamento V de la PDI —la unidad de asuntos internos de la institución— fue detenido esta mañana el abogado Vinko Fodich, quien fue fiscal durante varios años en la zona oriente de Santiago.
Junto a él, también se detuvieron a funcionarios activos de la policía civil. Entre los aprehendidos figuran los nombres de Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Exequiel Calderón Flores y el primo hermano de Franco Parisi, Luis Moraga Parisi.
La causa se inició luego de que el departamento de Asuntos Internos de la PDI descubriera que, dentro de sus filas, había personas cometiendo delitos. Por ello, se comenzó a investigar junto a la Fiscalía Supraterritorial.
Los delitos indagados son asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsion, infracción a la ley orgánica de la PDI y otros.
Primo de Franco Parisi es uno de los detenidos
Entre los detenidos está Luis Antonio Moraga Parisi, primo hermano del excandidato presidencial Franco Parisi. Conocedores de la indagatoria dijeron que lo que se investiga es una presunta red de lavado de activos.
En su momento fue investigado por la compra del denominado "Edificio Sin Ley" de La Cisterna, causa donde también figuraba Franco Parisi.
La causa comenzó en 2021, a partir de un libelo presentado por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA en contra de Royal Real Estate (Royal SPA). En esta última figuraban Franco Parisi y Mauricio Lizana Méndez como socios.
Según la querella, Franco Parisi tenía interés en financiar la compra de un edificio ubicado en La Cisterna, con ayuda del fondo de inversión privada. Todo esto, antes de que estuviera terminado.
La acción judicial acusaba que hecha la compra, Royal incumplió los términos acordados y además entregó en arriendo los departamentos. Así, la administración del edificio habría pasado a manos de Luis Moraga Parisi. Los cobros se realizaban en efectivo, según consignó La Tercera.
En total, sostuvo la firma, el perjuicio habría bordeado los $12.500 millones. Todo derivó en una investigación de dos años, donde finalmente el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo.
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