El listado oficial de partes humanas ingresadas a Chile y las entidades que las importaron en la última década
Un registro de la Seremi de Salud reveló, por primera vez, el detalle de las partes humanas que ingresaron a Chile durante los últimos 10 años para fines académicos, científicos y clínicos.
Según detalla Reportajes T13, el documento da cuenta de una práctica que, aunque fue autorizada durante más de una décadas por las autoridades sanitarias, desde julio de 2024 es considerada ilegal por el Ministerio de Salud.
Los datos confirman que universidades, clínicas y centros médicos realizaron importaciones continuas de piezas cadavéricas provenientes principalmente de Estados Unidos, destinadas a formación quirúrgica, docencia universitaria y programas de especialización médica.
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El listado oficial de partes humanas importadas a Chile
El listado señala más de mil partes humanas ingresadas al país entre 2014 y 2024. Entre ellas destacan:
- 436 rodillas
- 397 cabezas
- 382 hombros
- 238 pelvis
- 217 piernas
En el registro también figuran torsos, caderas y extremidades completas, lo que demuestra una demanda sostenida por años de material cadavérico en la formación médica y quirúrgica.
Las instituciones que más importaban partes de cadáveres
La Seremi de Salud también detalló las entidades que más importaron piezas cadavéricas durante la última década. El primer lugar lo ocupa la Universidad de Los Andes, que registró 56 internaciones entre 2015 y 2024.
En segundo lugar aparece Clínica Las Condes, seguida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que figura como la tercera institución con más ingresos registrados.
El documento incluye, además, información sobre el último envío autorizado, realizado en julio de 2024, que consistió en 35 cabezas humanas vinculadas a actividades académicas asociadas a la Universidad de Chile, además de otras seis piezas ingresadas el mes anterior. Desde esa fecha, no se han permitido nuevas internaciones.
La importación de piezas cadavéricas se realizó durante más de 30 años con permisos y documentos firmados por el propio Minsal, lo que genera dudas sobre el motivo de la decisión de decretar su ilegalidad.
