Sermig embarga cuentas corrientes de JetSmart: transportaron extranjeros a Chile sin los documentos necesarios
Agencia Uno (referencial) - JetSmart
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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) embargó las cuentas corrientes de la aerolínea JetSmart, a raíz de las reiteradas multas relacionadas con la infracción de la normativa migratoria por transportar a nuestro país a extranjeros sin la documentación necesaria para ingresar a Chile.
Lo anterior se suma a otros casos en los que la aerolínea no entregó el listado de pasajeros que hicieron ingreso a nuestro país.
En concreto, Jetsmart recibió 42 multas cursadas por el servicio, entre 2023 y 2025.
Ese monto asciende hasta las 10.820 UTM, un equivalente cercano a los $781.422.879.

Desde Migraciones explicaron que esas multas apuntan a infracciones a la legislación migratoria y que habían sido denunciadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
"Las multas obedecen a infracciones a la legislación migratoria y que en su momento fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones de Chile. Las transgresiones a la normativa corresponden principalmente a transportar a Chile a extranjeros que no cuentan con documentación necesaria para ingresar a nuestro país", indicaron.

Así, se concretó el embargo después de cumplir con los procesos sancionatorios y que la aerolínea entregara sus respectivos descargos, los cuales finalmente "no lograron desvirtuar los hechos".
En esa línea, desde Migraciones indicaron que están realizando capacitaciones en las líneas aéreas que operan en nuestro país, "reiterando la normativa migratoria vigente y los requisitos que se exigen para que las empresas transporten a extranjeros al país".
La respuesta de JetSMART
Desde la aerolínea emitieron un comunicado donde enfatizaron que "las multas se encuentran actualmente controvertidas en sede judicial y representan menos del 0,0003% de los pasajeros que la aerolínea transporta anualmente".
"Es importante aclarar que dichas multas se relacionan con una controversia respecto de la entrega de información requerida por la autoridad migratoria y, en ningún caso, con el transporte ilegal de personas, como podría desprenderse del comunicado del Servicio", argumentaron.
JetSMART cuestionó que "resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia".
Por otra parte, señalaron que "resulta especialmente relevante que una de las sanciones invocadas por el Servicio fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió un recurso de protección interpuesto por JetSMART al concluir que la conducta atribuida a la compañía no se encontraba comprendida en la norma aplicada por la autoridad. Dicha decisión fue recurrida por el SERMIG y la causa se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema".
Con respecto al embargo, la aerolínea precisó que "se trata de una medida cautelar propia de un procedimiento ejecutivo en curso, acotada a un monto de aproximadamente $780 millones de pesos, y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas bancarias".
De todas formas, anunciaron que "esta medida no tiene impacto material en sus operaciones, las que continúan desarrollándose con absoluta normalidad".
"JetSMART considera improcedente que el comunicado mezcle estas controversias judiciales con referencias generales a situaciones de ingreso irregular al país y con otras materias que no forman parte del objeto de los procesos actualmente en tramitación. Esa presentación descontextualizada puede generar una impresión equivocada acerca de los hechos discutidos y el estado real de las causas", agrega el comunicado.
Por último, destacaron que "JetSMART mantiene su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y con la colaboración con las autoridades competentes".
"Al mismo tiempo, continuará ejerciendo todos los derechos y acciones que contempla la ley y espera que estas controversias sean resueltas por los tribunales de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sobre la base de los antecedentes que forman parte de cada causa, y no mediante afirmaciones públicas que anticipen conclusiones aún sometidas al conocimiento de los tribunales", concluye el escrito.
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