Tribunal rechaza prisión preventiva para Alberto Larraín en caso ProCultura
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del psiquiatra Alberto Larraín, imputado en el marco del conocido Caso ProCultura. Esta decisión se adoptó tras una audiencia prolongada en la que se revisaron los antecedentes presentados por el Ministerio Público y la defensa del imputado, quienes habían asistido acompañados de sus abogados.
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación y uso de fondos públicos destinados al programa “Quédate”, iniciativa de prevención del suicidio administrada por la fundación ProCultura. La Fiscalía acusa que los recursos, que ascienden a más de 1.600 millones de pesos, habrían sido manejados de manera indebida, incluyendo inversiones en instrumentos financieros distintos al objetivo del programa, lo que motivó la apertura de la investigación.
Audiencia y argumentos de la Fiscalía (caso ProCultura)
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los antecedentes que, a su juicio, justificaban la prisión preventiva. Entre los argumentos se destacó la gravedad de los delitos imputados, el rol central de Larraín en la administración de los fondos y la posibilidad de que los imputados pudieran entorpecer la investigación o sustraerse de la acción de la justicia. La Fiscalía también señaló que existían riesgos relacionados con la manipulación de documentación y testigos, así como la necesidad de resguardar la integridad del proceso judicial.
Sin embargo, el tribunal estimó que la Fiscalía no logró acreditar de forma suficiente la necesidad de aplicar una medida tan extrema. El juez Patricio Álvarez argumentó que los imputados han colaborado con la investigación, que no existen antecedentes que indiquen una intención de fuga y que las medidas cautelares alternativas resultaban adecuadas y proporcionadas a la naturaleza de los hechos. Por este motivo, decidió imponer el arraigo nacional como medida preventiva, descartando la prisión preventiva.
El juez también estableció que, durante el periodo de investigación, los imputados deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no podrán salir del país sin autorización expresa del tribunal. Estas medidas buscan garantizar que el proceso judicial avance con normalidad sin afectar los derechos de los acusados.
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