En la sexta sesión ordinaria del consejo, que tuvo lugar el 3 de marzo pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió que había información suficiente para querellarse en contra del ex presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, y el antiguo proveedor de la cuprera, José Miguel Julián González, con quien Pizarro cerró un negocio inmobiliario, sin transparentarlo a las autoridades de Codelco, que le preguntaron por una eventual relación en varias oportunidades.
En la reunión de ese lunes participaron todos los miembros del consejo, incluida su presidenta María Eugenia Manaud, y los consejeros Clara Szczaranski, Paulina Veloso, Carlos Mackenney, María Inés Horvitz, entre otros, a excepción de Rodrigo Quintana, quien se encontraba haciendo uso de su feriado legal.
Cercanos a esta decisión recalcan que el tema se ha mantenido en total reserva, porque el consejo se encuentra en pleno proceso de redacción de la querella, que daría cuenta, según expertos en la materia, “que Pizarro y el proveedor en cuestión habrían participado de actos de corrupción que pueden perjudicar el patrimonio público”.
Todo esto a partir de una investigación que sacó a la luz T13, en noviembre pasado, donde se mostró la compraventa que efectuó Nelson Pizarro y su hijo de igual nombre a Julián González, en la que según el Conservador de Bienes Raíces pagaron $70 millones por una propiedad que, en el momento de la compra, tenía un valor de $ 560 millones.
La acción legal que presentarían a fines de marzo, y que viene a complicar el escenario judicial del ex ejecutivo, que también tiene una querella por tráfico de influencias en su contra, la cual presentó el 26 de diciembre pasado la propia cuprera, es parte de la investigación que sigue la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
