Por Carlos Agurto.
La ventana que abrió la reforma tributaria para que los contribuyentes con bienes y rentas en el extranjero sin declarar, regularizaran de forma voluntaria su situación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) a una tasa impositiva preferente de 8%, sin duda, tuvo éxito
De acuerdo a cifras del SII, entre enero y diciembre del 2015 recibió 7.832 declaraciones de contribuyentes que se acogieron a este sistema extraordinario. Esto permitió que ingresaran a las arcas fiscales unos US$ 1.502 millones adicionales, muy por encima de los US$ 91 millones proyectados originalmente en el informe financiero del proyecto de ley.
Sin embargo, pese a que la cifra superó las expectativas y ayudó al Fisco mejorar su recaudación pese a enfrentar un periodo de “vacas flacas” por la desaceleración económica y la caída del precio del cobre, el gobierno se ha negado a ampliar el beneficio. "El registro de capitales se hizo en forma impecable en su implementación y parte de eso era dejar claro que este sería un proceso por un periodo acotado de tiempo", recalcó hace unos días el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
En el mercado reconocen que la presión de algunos sectores por abrir esta ventana por un nuevo periodo se explicaría por la gran cantidad de personas que mantienen dineros en el extranjero sin declarar y están “arrepentidos” de no hacerse acogido al beneficio.
“Hubo personas que optaron por no acogerse y hoy se dan cuenta que fue una muy mala decisión. Con todos los convenios de intercambio de información que ha suscrito Chile, mantener platas ocultas en el extranjero es algo absolutamente inviable”, asegura el abogado de Guerrero, Valle y Garcés, Sebastián Guerrero.
Actualmente el país posee acuerdos de intercambio de información financiera tras la firma de 27 tratados bilaterales, además de un convenio marco bajo el alero de la OCDE y el G20. A esto se suma la filtración de información en casos como los Panamá Papers, la Lista Falciani y más recientemente los Bahamas Papers. Es más, bancos extranjeros están obligando a sus clientes a declarar sus cuentas en los países bajo la amenaza de cerrarlas definitivamente.
“El riesgo que se está corriendo es muy grande. El mundo cambió y hay gente que se dio cuenta de eso tarde”, reconoce Guerrero.
Expertos reconocen que la fórmula que deben utilizar los contribuyentes para regularizar esta situación es a través de una rectificación de la declaración de impuestos a la renta. “Pero esto tiene un costo altísimo comparado con quienes aprovecharon la franquicia”, admite el abogado tributario y socio de Salcedo & Cía., Claudio Salcedo.
De hecho, quienes están realizando este trámite deben pagar un impuesto que puede llegar incluso al 40%, dependiendo de sus ingresos, más intereses y reajustes.
Sin embargo, este pago puede resultar más conveniente que enfrentarse a la posibilidad de ser sorprendido por el SII. En ese caso, junto a los montos antes indicados, el contribuyente recibiría una multa equivalente al 300% del impuesto evadido y se arriesga a penas de presidio por evasión tributaria. “Es un escenario súper complejo. De hecho, el artículo 24 transitorio de la reforma tributaria considera como un agravante el no haber aprovechado la ventana de un año”, agrega Salcedo.
Montos sin declarar
Pese a que los tributaristas reconocen que es muy difícil cuantificar la cantidad de los fondos que se mantienen en el extranjero sin declarar, durante la discusión de la reforma tributaria en el Congreso se habló que esta se ubicaría en torno a los US$ 25.000 millones.
Considerando que, tras la ventana de un año, los contribuyentes “blanquearon” una cifra en torno a los US$ 19.000 millones, serían alrededor de US$ 6.000 millones los que quedarían por declarar. En caso que los contribuyentes paguen una tasa entre 35% y 40% por dicha cifra, los ingresos del Fisco serían mayores a la cifra recaudada entre enero y diciembre de 2015, ubicándose entre los US$ 2.100 y US$ 2.400 millones. Esto sin considerar los recursos que obtendría en el futuro el Estado al incrementarse la base tributaria de estos contribuyentes.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la decisión de no ampliar el beneficio por parte del gobierno parece ser beneficiosa para sus arcas fiscales. Pese a eso, los expertos consultados discrepan sobre la medida.
Por ejemplo, Claudio Salcedo manifiesta que fue un “error” de la autoridad no haber prorrogado por un periodo de seis meses o un año. “Incluso a una tasa más alta, 12% por ejemplo, porque fue una buena forma de regularizar y recaudar”, señala.
En la vereda contraria, Guerrero reconoce que siempre fue contrario a la implementación de esta medida, ya que le entregaba un “privilegio” a un grupo de personas respecto a otro que sí cumplía con sus responsabilidades a una tasa mucho más alta. “Volver a hacer un perdonazo del 8% es un poco excesivo habiendo tenido todos los incentivos para hacerlo. Creo que hubo tiempo más que suficiente para analizarlo y hacerlo”, enfatizó.
