– Recientemente la clasificadora de riesgo S&P redujo la perspectiva de su calificación de Chile a “negativa” por el débil consenso político en el país que demora la aprobación de políticas públicas que impulsen el crecimiento y su posición fiscal. ¿Qué es lo que refleja una decisión de clasificación de riesgo de este tipo?
– El cambio es marginal porque Chile aún conserva su muy buena calificación de “A”, la segunda más alta otorgada a un país de América Latina y el Caribe. Lo que refleja el cambio en perspectiva es el riesgo más elevado de que la demora en encontrar un consenso sobre aspectos claves de la agenda política y económica del país se traducirá en un desempeño y perspectivas económicas peores a las que S&P esperaba.
Y creo que la clasificadora tiene toda la razón, porque pareciera que Chile está atrapado en un proceso pendular entre giros a la izquierda y luego a la derecha del espectro ideológico, cuyo efecto dañino es aplazar las reformas sensatas y desincentivar la inversión privada, afectando el desempeño económico y social. Hace muchos años ya que Chile dejó ser el país “tigre” de América Latina, y se ha venido comportando como una “tortuga”.
– ¿Cree que desde el estallido de octubre de 2019 se han extremado las posiciones en Chile y ha dominado el tema de la desigualdad?
– Ese tan lamentable estallido nos dejó a muchos rascándonos la cabeza, ya que toda la evidencia mostraba que la incidencia de la pobreza en Chile no importa cómo se mida, cayó estrepitosamente entre 1990 y 2017, de casi un 40% a menos del 10% de la población. Este fue un logro inédito en la historia económica de América Latina.
Con respecto a la desigualdad, no hay duda de que la concentración de ingresos también evolucionó para mejor durante ese mismo período, aunque de niveles altísimos a niveles menos altos. Indicadores del gasto social del gobierno, las disparidades regionales, y el acceso a la salud y la educación también mejoraron marcadamente. Ahora bien, medidas de la calidad de la salud y educación públicas mejoraron poco o nada, y el costo a los consumidores de algunos servicios esenciales como la electricidad y el Metro aumentaron bastante más que el promedio.
Lo más probable es que el factor detonante del estallido haya sido la decepcionante evolución de la percepción de la desigualdad. Chile ha sido el país latinoamericano con la mayor brecha entre dicha percepción y la realidad, y esa brecha aumentó en la década anterior a 2019 pese a que, como mencioné, varias medidas importantes de la desigualdad social disminuyeron.
Por ende, el estallido pudiera ser un ejemplo de lo que los científicos sociales llamamos “la Paradoja Tocqueville”. Se refiere al efecto social descripto por Alexis de Tocqueville en 1840: que a medida que mejoran las condiciones económicas y las oportunidades sociales, la frustración de los que se benefician menos crece más rápido, causando insatisfacción social e incluso revoluciones. La paradoja pudiera también explicar por qué muchos países que han sido pobres por los siglos no han tenido tanta turbulencia social como países que pasaron por un proceso de modernización muy rápida pero desigual o vista como desigual.
-¿Cuánto cree que está afectando a Chile la “politización” de tantas decisiones económicas?
-Mucho, y no es un fenómeno nuevo cuya autoría es el gobierno de Gabriel Boric. Sus raíces fueron plantadas durante las presidencias de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes no generaron una nueva ola de reformas necesarias y, al contrario, fueron socavando el clima de inversión y negocios, ya sea por razones ideológicas (Bachelet) o por no tener suficiente apoyo parlamentario (Piñera).
Por ende, el estancamiento económico presente refleja un proceso de enlentecimiento en el aumento de la productividad laboral y la inversión en emprendimientos nuevos, tecnología de punta, y recursos humanos bien preparados. No nos olvidemos que el crecimiento promedio del producto interno bruto durante el período 2013-2023, dejando fuera la fluctuación en 2020-21 causada por la pandemia, ha sido de un mero 2% por año. ¡Es un promedio vergonzoso!
Algunos ejemplos de cosas claves que han impedido avanzar: la “permisología” que ha sofocado, e incluso ahogado, tantos proyectos que debieran haber sido prioritarios; el modelo estatista respecto a la prometedora industria del litio y la imperdonable demora en darle impulso a la industria del hidrógeno verde; el excesivo poder de los sindicatos en Codelco y el resto de la minería, que han encarecido exageradamente los costos laborales en ese sector; la reforma de la educación pública que irónicamente ha llevado a una degradación de su calidad, y que todavía no le está enseñando inglés a los niños desde una temprana edad; y la falta de acción eficiente para prevenir el incremento de la corrupción y el explosivo aumento del crimen organizado y de la delincuencia común.
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-El ministro de Hacienda Mario Marcel hizo un llamado al mundo político avanzar en un pacto fiscal. ¿Puede ayudar a mejorar el ambiente?
-Le doy una calurosa bienvenida a su intento de tomar medidas consensuadas para impulsar el crecimiento económico chileno, y le deseo mucho éxito a Marcel. Sería muy bueno ir avanzando en la racionalización regulatoria para proyectos de inversión; la adopción de incentivos tributarios a la inversión privada y el aumento de la productividad; el aceleramiento del desarrollo de sectores claves con potencial de diversificación productiva; la mayor inversión en infraestructura pública y privada; y la reducción de la informalidad. Es cierto lo que él dijo, que Chile está en un momento clave que va a definir no solamente la herencia del gobierno de Boric sino algunos éxitos alcanzables de la próxima década. ¡Siempre es mejor tarde que nunca!
-¿Qué impresión te ha dejado el proceso de reforma constitucional, y hasta qué punto ha afectado el desempeño y la imagen de Chile?
-Ha sido un proyecto fracasado, lamentablemente, porque los consensos sensatos no han sido alcanzados. Primero se extremó el texto hacia la izquierda y ahora se “derechizó”. Aparte de la incertidumbre que ha generado este largo proceso, afectando la inversión y el crecimiento económico en Chile, no cabe duda de que también ha dado una mala impresión hacia el exterior.
Chile tuvo por largo tiempo la buena reputación de ser un país donde las reglas del juego económico, social y político eran relativamente sencillas, buenas y estables. Eso lo distinguió mucho en comparación con casi todos los otros países de América Latina. Pero entre el paulatino deterioro observado en la última década, y lo que está quedando a la vista con este intento de reforma constitucional, la imagen de Chile ahora es una de un país muy polarizado y que está desaprovechando las ventajas que tiene y las que pudiera desarrollar.
