Por Francisca Casanova y Tomás Martínez
El 23 de agosto de 1978, Manuel Contreras hizo una llamada urgente por teléfono.
El Gobierno de Estados Unidos lo investigaba a él y al régimen chileno por la muerte del ex canciller, Orlando Letelier, y de su secretaria, Ronni Moffit, ambos asesinados en pleno barrio diplomático de Washington con un explosivo instalado en su auto.
Aunque el contacto de Contreras no quiso reunirse con él, sí le aseguró que alguien de confianza llegaría pronto a su casa. Poco después, Álvaro Puga, asesor del comunicacional del jefe de la DINA, tocó su puerta.
Puga informó que los abogados del general de Ejército llegarían a Washington el 28 de agosto para tratar de buscar un “acuerdo” con la Justicia de EE.UU., el Departamento de Estado norteamericano y la CIA, un pacto que “satisficiera a todas las partes”.
Así revelaron los archivos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos este viernes, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la muerte de Orlando Letelier.
Estos cables se suman a las más de mil hojas que Washington desclasificó en torno al caso el año pasado y que apuntaban a la responsabilidad del general Augusto Pinochet en la muerte del ex canciller.
Los documentos desclasificados hoy se centran principalmente en la oferta realizada por Contreras a representantes del gobierno norteamericano, quienes vieron en ello un intento de "chantaje".
De acuerdo con uno de los cables fechado en agosto de 1978 y enviado desde Washington a la embajada de Santiago, “un intento de chantaje emergió cuando (Álvaro Puga) dijo que Contreras estaba consciente de que no habían pruebas suficientes contra él para extraditarlo o para llevarlo a la Corte Chilena”.
De acuerdo con Puga, “(Contreras) tendría que revelar detalles, y pese a que no sería conveniente para él, para Estados Unidos ni para Chile, él no tendría más opción que hacerlo. Por lo mismo, se puede llegar a un acuerdo en Washington que impida su extradición y la posterior audiencia”.
En ese mismo documento, se dice que Puga señaló que el caso de Letelier era mucho más complicado de lo que se veía en la superficie e incluso “lo comparó con (el asesinato de John F.) Kennedy y el de (Martin Luther) King, en ese sentido”.
El enviado de Contreras también puso en duda la credibilidad de Michael Townley, ciudadano norteamericano quien había confesado haber puesto la bomba bajo el auto de Letelier.
Según el cable, Puga “descartó la historia de Townley de que la bomba fue puesta bajo el auto de Letelier tres días antes de su detonación”, e “interesantemente” negó la participación de la CIA en el crimen.
Sin embargo, pese a la versión entregada por Puga, en Washington había una fuerte desconfianza ante Contreras.
Así, en otro documento, enviado hacia la Secretaría de Estado, se señala que “los abogados de Contreras comenzaron los intentos por pintar el asesinato como un esquema de la CIA, señalando que Townley, los cubanos e incluso a George Landau (ex embajador en Chile) eran agentes de la CIA”.
En este contexto, otro cable emitido desde la Secretaría de Estado hacia la Embajada de Santiago -texto que también fue conocido hoy- señala que “ni el Estado, ni la Justicia, ni la CIA recibirán de forma unida o separada a los abogados de Contreras para discutir lo que sólo puede ser clasificado como chantaje”.
Inquietud por supuestas platas de la CIA a la DC y El Mercurio
En marzo de 1978 el embajador de Estados Unidos en Chile, George W. Landau, hace un análisis a las autoridades de Washington sobre las consecuencias que tendría una investigación a la firma norteamericana IT&T, que en otros cables anteriores aparece mencionada como un canal para entregar fondos a opositores a Allende por parte de la CIA.
En ese contexto, Landau escribe: "nosotros asumimos que si el caso es investigado hasta concluirlo, una serie de revelaciones serán hechas". Entre ellas, menciona que la compañía IT&T "canalizó dinero para que la CIA se opusiera a la elección de Allende", "que la CIA subsidió a 'El Mercurio', el que se opuso fuertemente a Allende", y "que la CIA canalizó dinero para políticos del partido Nacional y Demócrata Cristiano para oponerse a Allende".
Además, plantea que sobre la base de que estas serán las revelaciones principales del caso, los problemas políticos no serán agudos y que el Gobierno de Chile "será capaz de confirmar con alegría su afirmación de que los políticos y de que el proceso político en Chile eran ambos corruptos".
Con esos antecedentes, dice el embajador Landau en su informe, "muchos políticos individuales del Partido Nacional y del Partido Demócrata Cristiano estarán, por supuesto, enfurecidos por cualquier mancillamiento a su honor, al igual que los líderes de El Mercurio".
El documento agrega que "muchos en esta categoría mostrarán sus actos como virtuosos, apuntando a que ellos estaban sólo tratado de salvar a Chile de Allende y del comunismo".
Ya al final del documento, el diplomático sostiene que asume que "el caso IT&T establecerá claramente que Estados Unidos estaba interviniendo en asuntos domésticos de la política chilena".
Asimismo, se agrega que esto podría proporcionar una munición para que el Gobierno de Chile usara contra el Gobierno de EE.UU. y su enjuiciamiento del caso Letelier.
"Esperamos que el escenario del caso Letelier se agote antes que la investigación de IT&T se revele completamente", concluye el embajador Landau.
A los 40 años de la muerte de Letelier
La Presidenta Michelle Bachelet estuvo en Washington en la ceremonia en que la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. Heather Higginbottom, le entregó estos documentos relativos al crimen cometido en 1976.
"Estos documentos van a demostrar con claridad quién dio la orden para asesinar a Orlando Letelier y Ronni Moffit", señaló la mandataria desde la capital.
Los cables forman parte del Proyecto de Desclasificación Chile, iniciado en 1999 entre el gobierno de Estados Unidos y de sus agencias de localización. Hasta la fecha, se han desclasificado miles de páginas relativas a la época militar.
Para revisar los documentos desclasificados, ingresa a este enlace.
