Biministro Alvarado por propuesta de reforma constitucional en seguridad: “No nos quedemos con las facultades, sino cómo se aplican”
Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, detalló la propuesta de reforma constitucional que es parte de la agenda de seguridad nacional propuesta por el Ejecutivo: “No nos quedemos con las facultades, sino cómo se aplican”.
El pasado 10 de agosto el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de Reforma Constitucional Pro Seguridad para introducir cambios en la Carta Magna para actuar contra el crimen organizado y el terrorismo, entre sus medidas más imp0rtantes se encuentra el consagrar en la Constitución que la seguridad pública es un deber del Estado y permitir la creación de un nuevo Estado de Excepción para enfrentar alteraciones a la seguridad pública.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el biministro Alvarado dijo que en la lucha contra el crimen organizado el Estado “tiene que tener herramientas que permitan combatir efectivamente a esos grupos, que además son de carácter transnacional. No podemos seguir llegando tarde, por eso se plantea esta reforma constitucional con una serie de elementos orientados a tener una mejor respuesta para combatir al crimen organizado”.
Sobre las críticas a las potestades que daría la reforma al Estado, dijo “no nos quedemos con las facultades sino vamos al paso siguiente que dice relación con la ley orgánica constitucional que debe regular cómo se aplican esas facultades”.
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), “las leyes orgánicas establecen los aspectos fundamentales del orden constitucional, incluyendo el establecimiento de instituciones como los tribunales o el poder legislativo y, en algunas jurisdicciones, se les otorga estatus similar al de la propia constitución”.
La autoridad comentó que el Estado de Excepción planteado en el proyecto podría ser aplicado cuando “hay una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando haya sido gravemente afectada, con un plazo de 120 días que puede ser renovado”.
Al ser consultado sobre la amplitud de lo que puede ser considerado como una “grave amenaza a la seguridad pública”, precisó que “hablamos de organizaciones criminales que coartan barrios, copan territorios, limitan la libertad de seguridad de las personas, generan temor y se van identificando, se trabajan con inteligencia”.
“No se trata de criminalizar, castigar o prohibir las protestas sociales, no tiene relación con eso”, aseguró.
En la instancia, el biministro indicó que los lineamientos que tienen que ser establecidos por la ley orgánica: “Las atribuciones de la autoridad a cargo; las facultades de las policías para enfrentar este Estado de Excepción, el cómo van a colaborar las Fuerzas Armadas con las policías; los mecanismos de control, coordinación y rendición de cuentas, y el presidente obligatoriamente debe informar al Congreso de las medidas adoptadas en el estado de excepción constitucional”.
“Entonces, definimos la necesidad de un Estado de Excepción constitucional por la existencia del crimen organizado, segundo, se entregan facultades al Presidente, que para usarlas tiene que regirse por lo que establezca esa ley orgánica constitucional. Por lo tanto, aquí la posibilidad de hacer lo que se estime conveniente no existe”, agregó.
El ministro del Interior dijo que es posible tramitar la reforma constitucional en paralelo a la ley orgánica que precise sus facultades.
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