La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales, conocida como Ley de Usurpaciones, pero desestimando la mayoría de las modificaciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Boric.
Se trata de un proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
Si bien la iniciativa había sido aprobada en su idea de legislar, su articulado había quedado pospuesto por un segundo análisis de la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia en la que el Ejecutivo intentó buscar acuerdos sobre diversas materias dado que, según apuntaron, se había alterado la idea matriz del texto.
Las indicaciones fueron rechazadas en dicha Comisión y tampoco tuvieron buen destino en la sala, a excepción de la relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
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Por otra parte, se cayeron medidas como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio de La Moneda, daba pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo cual derivaría en enfrentamientos entre las personas.
"El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos", manifestó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El proyecto de Ley de Usurpaciones establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
De hecho, entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda la hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia; y permite que durante la investigación y la demanda se realice la restitución anticipada del inmueble ocupado.
