Una nueva arista se abrió en el caso Corpesca, luego que la fiscalía regional de Rancagua a cargo de la investigación, solicitara a la Brigada de Delitos Funcionarios recabar la contabilidad de siete pesqueras en la región del Biobío.
Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a las dependencias de siete empresas vinculadas a la actividad extractiva; Orizon S.A, Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A, Landes S.A, Bahía Coronel S.A y Alimentos del Mar S.A, consigna La Tercera.
La razón de la visita: solicitar los libros contables usados entre los años 2010 y 2014. Esto luego que el fiscal del caso, Emiliano Arias, otorgara un plazo de diez días para cumplir con la diligencia.
Se solicitaron en formato digital los libros de compras y pago de honorarios, también declaraciones de impuestos a la renta realizadas esos dos años y las boletas de honorarios.
Además, la misión incluía tomar declaraciones voluntarias al encargado de la contabilidad de cada pesquera, para así identificar la persona que estaba al mando de la contabilidad en esos años.
En su mayoría son empresas agrupadas en la Asociación de Industriales Pesqueros A.G, Asipes, y también a dos filiales del grupo Angelini.
Según consigna La Tercera, el fiscal Arias habría dado con antecedentes nuevos de la investigación del caso Corpesca y la causa contra Fipes, tras los pagos que habrían sido solicitados a un empresario por parte del senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, en beneficio del diputado Iván Fuentes, lo que vincularía a otras pesqueras con presunto financiamiento irregular a la política.
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