La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en particular, este miércoles, el proyecto que propone un impuesto a las personas naturales que acumulen más de 22 millones de dólares en sus haberes. La normativa fue despachada a la sala para su votación en particular con una indicación que propone disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La propuesta del oficialismo fue respaldada con 10 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones y establece disminuir el IVA del 19 por ciento actual, a 4 por ciento para algunos productos esenciales, y al 10 por ciento para otros bienes.
Esta propuesta, que se aplicaría desde la fecha de publicación de esta ley hasta diciembre de 2022, busca disminuir por cierto tiempo el costo de la vida de las familias chilenas, a través de la rebaja de un impuesto regresivo como lo es el IVA.
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De acuerdo a la indicación, el IVA bajará a un 10 por ciento para los combustibles, alimentos, productos sanitarios, además de servicios de hotelería, belleza, deportivos y funerarios, entre otros.
Al 4 por ciento disminuirían algunos productos básicos, como el pan, harina, huevo, leche, queso, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, tuberculos y cereales, además de revistas, diarios o libros que no tengan publicidad. También estarán afectos a esta disminución de impuestos las medicinas, prótesis y servicios de teleasistencia.
Esta fue la única modificación que implementó la Comisión de Constitución al proyecto de impuesto a los “súper ricos”, que ya fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a que se presentaron y discutieron otras cinco en la instancia.
De esta manera, esta indicación se agrega al proyecto que aplica un impuesto con una tasa de 2,5 por ciento al patrimonio bruto de las personas naturales que acumulen 22 millones de dólares en sus haberes.
El proyecto además establece que este impuesto también afectará a las megaempresas que tienen ingresos por más de 42 millones de dólares.
La normativa propone que lo recaudado iría como una renta básica de emergencia al 80 por ciento de los hogares más vulnerables del país.
