Política

Comisión de Medio Ambiente aprueba proyecto que busca prohibir la instalación de centrales a carbón

Comisión de Medio Ambiente aprueba proyecto que busca prohibir la instalación de centrales a carbón
T13
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El proyecto impulsado por la oposición y calificado de "inconstitucional" por el gobierno dio recién su primer paso en el Congreso, donde, para ser ley, aún debe superar varios trámites en ambas cámaras.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este lunes, el proyecto de ley que busca prohibir las termoeléctricas en base a carbón, principalmente por razones de salud de la población y también para reducir los agentes contaminantes, han dicho los impulsores de la iniciativa.

La normativa busca el cierre de estas instalaciones para 2025, pese a que el plan al que se comprometió el gobierno para intentar reducir la contaminación con distintos países del mundo dice que el plazo para eliminar las centrales termoeléctricas es el 2040.

El proyecto que recién dio su primer paso en el Congreso y que aún debe ser discutido en la sala de la cámara baja y posteriormente en distintas instancias del Senado promete distintos beneficios para el país como la reducción de casos de mortalidad y reducción de efectos en la salud humana con la consecuente disminución de costos en salud.

“Adicionalmente, la reducción de MP posee otros beneficios no cuantificados en este análisis como en agricultura, ecosistemas, visibilidad, materiales, mejora en salud en otras comunas, imagen país y co-beneficios asociados al cambio climático por reducción de Black Carbon”, dice el proyecto.

La ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, quien estuvo presente en la discusión calificó el proyecto de inconstitucional “al prohibir el desarrollo de una actividad económica previamente autorizada en el país, afectando el derecho de propiedad, sin la debida indemnización”.

“El establecer mediante una ley el cierre de centrales y no mediante un acuerdo de las partes, constituye expropiación y gatilla la responsabilidad  del Estado para indemnizaciones”, decían las conclusiones del análisis del gobierno.

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