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Política

Corte de Antofagasta acoge recurso de amparo a Josefina Huneeus: declara ilegales los "pinchazos"

T13
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La Corte de Apelaciones declaró las resoluciones que autorizaron medidas intrusivas como ilegales.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus tras las escuchas telefónicas, en el marco de la  investigación por el caso ProCultura -rama del caso Convenios-.

De esta manera, la Corte declaró las resoluciones que autorizaron estas medidas como ilegales, ordenando la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a ellas.

La defensa de Huneeus acusó la interceptación telefónica de su línea personal y afirmó que esta se mantuvo pese a que el Ministerio Público sabía que se trataba de una escucha indebida.

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Sus abogados, Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, presentaron un escrito de 20 páginas donde alegan que el teléfono de Huneeus fue intervenido el 2 de octubre de 2024 bajo la "suposición errónea" de que pertenecía a Alberto Larraín, imputado en la causa que investiga millonarios traspasos entre fundaciones y el Estado.

Josefina Huneeus - T13
Josefina Huneeus - T13

La conversación de Josefina Huneeus con el Presidente Boric

Uno de los antecedentes más sensibles que revelaría el recurso de Josefina Huneeus es que, el 14 de octubre, mientras su teléfono ya estaba intervenido, Huneeus recibió una llamada del Presidente Gabriel Boric.

En la conversación -que duró varios minutos y fue grabada por la PDI- ambos hablaron sobre el avance del caso Procultura, mencionaron al propio Larraín y se refirieron a la situación judicial de Irina Karamanos.

El contenido de esa llamada fue utilizado por la Fiscalía para intentar obtener una orden de interceptación contra el propio Mandatario, lo que finalmente fue rechazado por el tribunal el 12 de noviembre por falta de antecedentes.

El recurso enfatiza que Huneeus fue descrita por la Fiscalía como testigo, no como imputada, y que la mantención de la interceptación se basó en “meras conjeturas” sobre su eventual conocimiento de los hechos.

Además, la defensa de la siquiatra calificó la situación como una grave vulneración a su libertad personal y su derecho a la vida privada, señalando que se trató de una “intromisión abusiva” que, lejos de ajustarse a la ley, se prolongó de forma arbitraria.

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