Criteria: 64% no confía en las razones del gobierno para justificar el alza de los combustibles
La más reciente Encuesta Criteria 2026, aplicada entre el 25 y el 26 de marzo mediante panel online, profundizó en la percepción ciudadana sobre una de las medidas más controversiales del actual Ejecutivo: la subida en el precio de los combustibles impulsada durante la segunda semana del gobierno del presidente José Antonio Kast.
El estudio revela un escenario marcado por la división de opiniones, tanto en la atribución de responsabilidades como en la evaluación de las decisiones adoptadas por el Gobierno frente a esta alza.
En cuanto a las causas del incremento, la mayoría de los encuestados, un 42%, considera que el fenómeno responde principalmente a factores internacionales, como conflictos geopolíticos y el contexto global. Sin embargo, un 34% apunta directamente a la gestión del actual gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 24% atribuye la responsabilidad a la administración anterior encabezada por Gabriel Boric. Este reparto evidencia una lectura fragmentada del origen de la crisis, donde conviven explicaciones externas e internas.
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La encuesta también puso en evidencia una fuerte polarización respecto a las medidas que debería adoptar el Estado para enfrentar el alza. Por un lado, un 41% sostiene que la situación de las finanzas públicas limita la capacidad del Gobierno para intervenir y contener los precios. En contraste, un 42% considera que el Ejecutivo debería realizar mayores esfuerzos para frenar el aumento, incluso si eso implica un mayor nivel de endeudamiento. Un 17% de los consultados no manifiesta una posición clara, reflejando incertidumbre en parte de la ciudadanía.
Esta división se acentúa al analizar las respuestas según identificación política. Entre quienes se identifican con la izquierda, un amplio 80% respalda la idea de que el Gobierno debe intervenir con mayor fuerza para mitigar el impacto del alza de combustibles. En cambio, solo un 20% de quienes se consideran de derecha comparte esa postura. A la inversa, la mayoría de este último grupo estima que las restricciones fiscales son un impedimento real para adoptar nuevas medidas, una visión mucho menos extendida en el sector opuesto.
Otro punto crítico que arroja el sondeo es la baja confianza en las explicaciones entregadas por el Gobierno para justificar el aumento de precios. Un 64% de los encuestados declara confiar “poco o nada” en los argumentos del Ejecutivo, mientras que solo un 36% afirma tener un nivel de confianza “alto o moderado”. Nuevamente, el factor político incide con fuerza: la desconfianza alcanza niveles casi totales en sectores de izquierda, mientras que en la derecha predomina una percepción más favorable hacia las justificaciones oficiales, aunque incluso en ese sector político existe un 27% de encuestados que desconfía de las razones entregadas.
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En la recta final del análisis, la encuesta también abordó la percepción sobre la protección a los grupos más vulnerables frente a la crisis económica. Ante la pregunta sobre si el Gobierno ha tomado las medidas adecuadas en esta materia, un 42% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que un 32% expresó una evaluación positiva. En tanto, un 20% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 6% declaró no tener una opinión formada.
