Cuál es el cambio que realizó el gobierno en la "ley de amarre" para buscar apoyo en el Congreso
Aton- Ministro Nicolás Grau
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Ante los cuestionamientos de la oposición a la ley de reajuste del sector público, por considerarla un "amarre" de funcionarios de confianza de la actual administración, el gobierno informó que se realizó una modificación para llegar a acuerdo.
La polémica de la "ley de amarre" surgió por la norma que busca que a los funcionarios que no se les renueve el contrato o que sea en condiciones distintas, se les notifique por acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de hechos y sustentado en criterios "objetivos" y "acreditables".
Aquello, ese estableció que aplicaría en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o relacionados con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades.
Debido a las críticas que ha recibido la norma, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que se modificaron los años de trabajo de dos a cinco para que se apele una desvinculación.
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En qué consiste el cambio a la "ley de amarre"
De acuerdo con lo planteado por Grau en conversación con Radio Duna, lo que presentaron inicialmente era un derecho a reclamo en la Contraloría para personas que estaban a contrata desde hace al menos dos años. El cambio está en que se pasará de dos a cinco años y "por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración".
Más tarde el ministro del Interior Álvaro Elizalde, recordó que se entregó un instructivo suscrito por los ministerios del Interior, de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, en el que se "establece claramente que los funcionarios de confianza y aquellos que desempeñan labores de apoyo directo de los gabinetes cesan sus funciones con motivo del cambio de mando".
Con la incorporación de la norma, aseguró Elizalde, "queda claro que el sentido de la norma es distinto al que lamentablemente se ha generado como producto de una interpretación errónea".
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Sin embargo, parlamentarios de derecha ya han hecho saber que siguen sin estar de acuerdo con la norma. El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, por ejemplo, declaró que "es un engaño del gobierno. Tiene el mismo efecto exactamente que fueran dos años o cinco años".
