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Diputado Montalva oficia a cinco instituciones tras denuncia por difusión de imágenes íntimas de mujeres de La Araucanía en Telegram

Ofician a instituciones del Estado por falta de respuestas a denuncias - referencial AFP
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La iniciativa busca esclarecer si existieron denuncias previas que no recibieron respuesta oportuna y qué vacíos legales podrían impedir una protección efectiva de las víctimas.
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La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados acordó oficiar a cinco instituciones del Estado para esclarecer eventuales denuncias sin respuestas de mujeres que sufrieron la difusión de imágenes íntimas en la Región de La Araucanía, tras la solicitud del diputado José Montalva (IND). 

Actualmente, el Ministerio Público ejecuta una investigación por oficio tras conocerse las acusaciones por la difusión de fotografías y videos íntimos de mujeres en grupos de Telegram en La Araucanía.

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El diputado Montalva expuso en la comisión que "hay un antecedente especialmente grave que dice relación con que las propias víctimas habrían denunciado los hechos y acusaron que no hubo respuesta institucional inicial, no se detalla a qué instituciones habrían denunciado, pero sí que había una especie de desamparo frente a las denuncias".

"Finalmente habrían tenido que organizarse para hacer pública la situación, estamos hablando de miles de personas en un chat de Telegram donde se entregaba información privada de las víctimas", agregó.

Ofician a instituciones del Estado por falta de respuestas a denuncias - referencial AFP
Ofician a instituciones del Estado por falta de respuestas a denuncias - referencial AFP

Ofician a instituciones del Estado por falta de respuestas a denuncias

Ante esto, el parlamentario insistió que "es necesario esclarecer dónde se denunció, quién no respondió, cuándo y por qué no se habría recibido respuesta de esas instituciones".

De esta forma, se adoptaron medidas para abordar las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia digital y se acordó solicitar antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

La iniciativa busca esclarecer si existieron denuncias previas que no recibieron respuesta oportuna, qué mecanismos existen para retirar urgentemente imágenes íntimas difundidas sin consentimiento, cuáles son las dificultades para preservar evidencia digital y qué vacíos legales podrían impedir una protección efectiva de las víctimas.

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