Diputados UDI exigen que se recuperen recursos pagados a familia de Bernarda Vera tras confirmarse que está en Argentina
Aton- Diputados UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu
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Luego de que se confirmara que la mujer hallada en 2025, en Argentina, es Bernarda Vera Contardo, quien fuera militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y considerada una de las víctimas de desaparición forzosa durante la dictadura, los diputados de la UDI solicitaron al Ejecutivo que los recursos que fueron destinados a su familia sean devueltos.
Un examen de ADN determinó una probabilidad de identificación superior al 99,9999% y confirmó, a más de 50 años de que fuera incorporada en el listado de detenidos desaparecidos, que Vera está viva y reside en el país vecino.
En este contexto, los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu, plantearon que "si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad".

Es por ello que solicitaron al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado que se inicien acciones para recuperar los recursos entregados a los familiares de Bernarda Vera.
"No basta con que el caso llegue hasta aquí. Lo que corresponde es recuperar todos los fondos públicos que se hayan obtenido de manera fraudulenta y, además, perseguir las eventuales responsabilidades que puedan existir. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años", cuestionaron.

Además, los parlamentarios recordaron que cuando se tuvo conocimiento público del caso, enviaron un oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) y este les confirmó que "el beneficio de la madre de la señora Vera Contardo se pagó hasta su fallecimiento y el de su hija, se pagó hasta el cumplimiento de los 25 años y que, posteriormente se reactivó por causal de discapacidad ".
A ello el IPS agregó que "en caso de existir una modificación a la nómina en la que se excluya a la persona previamente individualizada o que, por sentencia judicial se establezca la pérdida de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos o violencia política, este Servicio procederá a extinguir el beneficio que se haya concedido".

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