“Quienes suscriben, jefes de las bancadas de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Republicanos, hacemos presente a usted nuestra profunda preocupación por las declaraciones proferidas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en relación a las opiniones vertidas por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, en el marco de la sesión de la comisión investigadora del Caso Convenios celebrada el día de ayer.
En la instancia fiscalizadora, el Contralor General, a propósito de la solicitud que le fuere enviada para iniciar un procedimiento sancionatorio por la incomparecencia del Jefe de Asesores de la Presidencia, don Miguel Crispi Serrano, señaló que “en un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es rendir cuenta. No sólo significa dar cuenta cómo se están gastando los recursos públicos, significa dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma, cualquier persona en un Estado democrático tiene el deber de rendir cuentas, independiente de la denominación del cargo. Esa es la regla general”.
Lo anterior fue ampliamente difundido por medios de prensa como una derrota de la tesis gubernamental, que un primer momento sostuvo que don Miguel Crispi estaría eximido de comparecer en la Comisión Investigadora por su status de funcionario a honorarios. En efecto, las declaraciones del jefe del órgano contralor dejan sin crédito las pretensiones gubernamentales y permiten visualizar con claridad cuan alejadas están de los principios que deben informar el sistema de pesos y contrapesos entre poderes de un Estado democrático.
En ese marco, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, desde el Palacio de La Moneda salió al paso de las declaraciones del Contralor General, señalando que “de lo que se dictamine en este caso no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro. En términos sencillos, el ejercicio intelectual de que cualquiera que nos esté viendo, incluida la oposición, es que más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en caso de la presidencia del resto de las instituciones públicas, entonces, todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del segundo piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras con los efectos que eso provoca.” Luego, el jurista continuó señalando “Lo que defina el Contralor va a definir la comparecencia futura de todos aquellos que trabajan en la asesoría presidencial de los gabinetes de los futuros presidentes o presidentas de la República”.
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Las declaraciones del Ministro Luis Cordero resultan a nuestro parecer una amenaza velada que busca desalentar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Constitución Política de la República le entrega a esta Cámara de Diputados y por cierto un intento inadmisible de anular a la oposición, cuestión que se relaciona profundamente con el respeto al pluralismo que caracteriza a todo régimen democrático. Hay en las palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos un intento evidente de llevar la discusión a una suerte de “teoría del empate”, desconociendo el legítimo interés que existe por parte de la oposición por indagar en la veracidad de versiones que en su momento señalare el Palacio de La Moneda y más específicamente Su Excelencia el Presidente de la República en relación al momento en que se tuvo conocimiento de los hechos constitutivos del escándalo de corrupción de Democracia Viva.
Concretamente, dichas versiones parecen contradecirse con las declaraciones que hemos conocido de importantes militantes de partidos oficialistas ante el Ministerio Público, en las que pareciera evidenciarse que el núcleo más cercano al Presidente de la República conocía del caso Democracia Viva y de sus implicancias con anterioridad a lo que se ha reconocido oficialmente.
Sin embargo, el Palacio de La Moneda a través de quién oficia de vocero en sus conflictos judiciales, decide negar la comparecencia del principal asesor presidencial, en un primer momento aludiendo a la calidad de funcionarios honorarios que éste tendría. Se trata de la primera tesis gubernamental, que luego del aparente traspié sufrido el día de ayer con las declaraciones del Contralor, fue rápidamente modificada. En efecto, de las declaraciones del Ministro Luis Cordero, queda en evidencia que para el gobierno, ahora la comparecencia de don Miguel Crispi sería incompatible con el especial estatuto del cual gozaría la Presidencia de la República, particularmente por la sensibilidad y reserva de la información que ahí se maneja.
Más aún, en una muestra de evidente ignorancia de las reglas y principios que rigen el Derecho parlamentario, el Ministro Luis Cordero acepta que el señor Crispi comparezca a la comisión investigadora no como Jefe de Asesores de la Presidencia, sino por el rol que éste cumpliere como Subsecretario de Desarrollo Regional, cuestión por cierto incomprensible en tanto el señor Crispi ya no ocupa dicho cargo. Por otra parte, no toda información que se maneja en la Presidencia tiene per se la calidad de secreta o reservada, menos aquella que parece requerir la instancia fiscalizadora por parte del señor Crispi. De cualquier forma, el Ministro Cordero debiese conocer que si se le requiriese a don Miguel Crispi de información que este estimase secreta o reservada, podrá dejar constancia de ello en la Comisión y eximirse de prestar declaración, tal como lo señala el artículo 55 de nuestra Ley Orgánica.
Queda en evidencia que la actitud del Gobierno tiene por objeto amedrentar el ejercicio de facultades de control por parte de la Contraloría General de la República, en lo que constituye el control más relevante de la acción de la Administración al interior de la misma, así como de las facultades igualmente de rango constitucional que tiene esta Cámara de Diputados para fiscalizar en los actos del gobierno en los términos dispuestos por el artículo 52 de la Carta Fundamental.
De ahí que el accionar del Gobierno y particularmente las declaraciones del Ministro Luis Cordero resulten inadmisibles y demanden por parte de esta Cámara un pronunciamiento corporativo, en tanto se busca anular competencias que son entregadas por la Constitución en el afán de preservar el sistema de pesos y contrapesos que son fundamentales para la buena salud de un régimen democrático.
En este orden de cosas, y entendiendo la responsabilidad que le cabe a la Mesa de la Corporación y en particular al Presidente de la Cámara de conformidad con el artículo 46 de nuestro Reglamento, solicitamos tengan a bien salvaguardar la independencia y la integridad de las competencias constitucionales y legales de esta Cámara, haciendo presente lo expuesto precedentemente a S.E. el Presidente de la República, comprendiendo la relevancia que ello tiene para nuestro régimen democrático”.
Esperando una buena acogida se despide”.
