Qué observar. Dos semanas después de que estallara el caso de la fundación de Democracia Viva y que rápidamente se expandió a otras 50 instituciones investigadas por haber recibido aportes estatales, el Presidente Gabriel Boric encomendó el 3 de julio a una comisión de cinco expertos presentar un informe con propuestas para regular las transferencias del Estado a organismos privados sin fines de lucro.
- El lunes, tras 45 días de trabajo, la comisión asesora entregó su informe de 93 páginas en una ceremonia en La Moneda donde participó el mandatario y los ministros del comité político.
- “Recibí el informe elaborado por la Comisión Jaraquemada en el que presentan una hoja de ruta con 46 propuestas para más probidad y transparencia. Nos estamos haciendo cargo en conjunto como Estado de fortalecer la capacidad de prevenir y combatir la corrupción”, señaló Boric.
Aquí, la presidenta de la comisión la abogada María Jaraquemada, detalla a Ex-Ante el trabajo de la comisión y las principales medidas propuestas:
Las conclusiones . “Una de las conclusiones generales es que hoy existe mucha dispersión de normas y procedimientos en las transferencias y mucha excepción a las reglas generales. Eso permitía en algunos casos que hubiera discrecionalidad y falta de control”, dice.
- “Nos decían constantemente, desde las organizaciones de la sociedad civil, que ellos sí tienen que rendir cuentas a los servicios públicos cuando les hacen transferencias, pero que cada mecanismo y sistema varía de acuerdo a cada servicio”
- “Tampoco hay claridad de quién es responsable de que la información sea completa ni consecuencias por no actualizar o completar la información”
El GAM, el MIM, Integra y corporaciones municipales. “Vimos que hay distintos tipos de estas instituciones, algunas son completamente privadas y en otras participa el Estado: nombra al directorio y las financia. Por ejemplo las corporaciones municipales, Integra, el GAM, el MIM, y muchas otras que en el fondo no son tan privadas”.
- “Debieran tener un enfoque regulatorio distinto. Sobre aquellas que parecen servicios públicos pero tienen una estructura privada debiera haber mucho más control y regulación de transparencia, de rendición de cuentas, de profesionalización de su directorio
- “Lo que tu no quieres es que haya captura política, o que esas fundaciones se utilicen para pagar favores políticos, si no que que sean personas que tengan el perfil adecuado para dirigir el GAM, el Teatro Municipal o la fundación Integra, las orquestas juveniles, etc”
- “Después del caso Caval, donde Sebastián Dávalos ocupaba el cargo de director sociocultural de La Moneda, se avanzó en que esas fundaciones dependientes, empezaron a regirse voluntariamente por la Ley de Transparencia y por la Ley de Lobby, pero creemos que debiera haber una norma regulatoria que se refiera a ellas específicamente”.
Regulación de entidades religiosas. “Las entidades religiosas si bien no estaban dentro del foco de nuestro trabajo, porque son corporaciones de derecho público, se consideran parte de la sociedad civil, según la clasificación que hace la Universidad de Johns Hopkins, que ha trabajado internacionalmente las temáticas de la sociedad civil. Los organismos religiosos han estado bajo el foco de entidades internacionales por posible lavado de activos y debilidades por falta de transparencia. Dijimos que se debe encargar un estudio sobre cómo se puede mejorar, respetando la libertad de culto, la transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones que muchas veces reciben beneficios tributarios.
Prohibición de traspasos a “pololos”. “Hemos visto que las inhabilidades o incompatibilidades en las transferencias están referidas a vínculos legales: cónyuges o convivientes civiles, pero eso no respeta el espíritu de la ley que al final lo que quiere hacer es que haya incompatibilidades con relaciones afectivas o familiares. Entonces proponemos que se extienda la incompatibilidad de contratación con el Estado o de transferencias a aquellos que tengas relaciones afectivas o familiares como hijos en común. Esto no es un término inventado por nosotros sino que está en la ley de violencia intrafamiliar que sanciona la violencia en el pololeo. El espíritu que es prevenir cualquier tipo de conflicto de interés”
Concursos públicos, experiencia y boletas de garantía. “Recomendamos una ley general de transferencias. Una norma común que establezca mínimos a todas transferencia del estado”
- Requisitos como la concursabilidad como regla general, que la asignación directa sea muy excepcional.
- Criterios para otorgar recursos, años de experiencia, sellos de integridad, conducta anterior.
- Asegurar el pago parcializado asociado a hitos, normar de término anticipado del contrato., establecer entrega de garantía obligatoria por sobre ciertos montos como rige para compras públicas.
- Lazos máximos para que el Estado se pronuncie sobre rendiciones de cuentas.
- Reglas de transparencia y rendiciones en caso de subcontratación.
“Mientras esta Ley se tramite, recomendamos que las instrucciones del Ministerio de Hacienda contenga estos criterios”.
Registros de beneficiarios finales. “Proponemos que haya menos registros, pero mejores”, señala María Jaraquemada.
- Uno con el registro de personas jurídicas, mejorado respecto al que ya existe. Que todas tengan RUT, antecedentes mínimos, que se cumpla la entrega de balances financieros y memorias y que sean hechos de forma estandarizada. Un registro donde todos podamos acceder y ver en el ADN que es esa institución.
- Otro registro de transferencias con toda la información de aportes del sector público; municipios, gobiernos regionales, gobierno central. Emular lo que hay en Mercado Público.
- Un sistema de rendición de cuentas electrónicas, Contraloría lo tiene y lo puede ampliar.
- Un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas en Chile. Quién está detrás, quienes son los controladores.
- Además transparencia activa de las instituciones privadas sin fines de lucro, independiente si reciben aportes públicos o no, ya que cumplen un rol social relevante. Solo si tienen ingresos anuales sobre 2400 UF ($86 millones) para no afectar a las más pequeñas.
- Que informen en su página web, antecedentes básicos, si se relacionan con con algún partido o la iglesia, información de gobierno corporativo, quien es el directorio, si son personas políticamente expuestas, las actividades que realiza, etc.
Cómo se armó el informe:
“En seis semanas hicimos 30 reuniones, al principio duraban 3 horas y las últimas jornadas fueron sesiones de 8 a 10 horas. Recibimos en audiencias a autoridades como el contralor, el presidente del SII, el director de la UAF, el presidente del CDE, la asociación de gobernadores, el gobernador Claudio Orrego, Carolina Leitao por la Asociación de Municipios, la Charity Commission de Reino Unido y varias organizaciones sin fines de lucro, abrimos un canal donde 38 organizaciones nos enviaron propuestas”.
“Los 5 integrantes teníamos una expertise diversa y bastante complementaria. Ignacio Irarrázaval es director del Centro de Políticas Publicas, los que han hecho los pocos estudios que hay en Chile sobre el perfil de la sociedad civil, cuántas organizaciones existen, a qué se dedican, el presupuesto que manejan, cuánto financiamiento público reciben”.
“Jeanette Von Wolfersdorff (economista, fundadora del Observatorio Fiscal) se ha metido muchísimo en el tema presupuestario de transparencia fiscal y en el registro de beneficiarios finales”.
“Ramiro Mendoza como ex contralor general de la República es experto en control y regulación administrativa”.
“Francisco Agüero (abogado, director del Centro de Regulación y Competencia de la U. de Chile) ha participado en el tema de subvención escolar”.
“Y mi expertise (María Jaraquemada es directora ejecutiva de Chile Transparente y antes se desempeñó en el Consejo para la Transparencia) tiene que ver con transparencia e integridad”.
