Qué observar. La reunión semanal que realiza el gobierno con parlamentarios de gobierno por la agenda de seguridad fue particularmente tensa este jueves. Sobre todo cuando se abordó por segunda vez los aspectos centrales del veto presidencial que ingresará este viernes el Ejecutivo a partir de la Ley de Usurpaciones, aprobada y despachada por el Congreso el 30 de agosto.
- En el encuentro estuvieron parlamentarios del PC, Convergencia Social, RD, el PS y el PPD, mientras que en representación del gobierno participó el titular de la Segpres Álvaro Elizalde, el ministro (s) de Justicia Jaime Gajardo y la ministra de Interior, Carolina Tohá.
- Pero que fuera una reunión tensa tampoco sorprendió del todo a los asistentes.
- El miércoles, desde el Socialismo Democrático apuntaron a que apoyarían el veto presidencial sin condiciones, mientras que el PC se mantuvo firme en la exigencia que ya habían realizado al gobierno una semana antes en La Moneda: Eliminar la pena de cárcel para las tomas no violentas y en su reemplazo que se sancione con multa.
Las dos almas. Lo que en un comienzo fue una exigencia del PC, con los días fue sumando apoyos en parlamentarios del Frente Amplio e incluso del Socialismo Democrático. En el Ejecutivo incluso hizo sentido que en caso de una usurpación no violenta quedara a discrecionalidad del juez si se sanciona con multa o presidio.
- El punto lo transparentaron personeros de gobierno a la oposición, pero en Chile Vamos y el Partido Republicano consideraron intolerable que a través de un veto presidencial el Ejecutivo busque modificar penas ya aprobadas por el Congreso (aunque es una potestad exclusiva del Presidente el realizar una o varias observasiones a una ley aprobada en el Parlamentaro).
- A eso se sumó otro problema para La Moneda y que fue reafirmado en la reunión que se realizó este jueves: El PC no está dispuesto a aprobar el veto si es que se deja a criterio del juez, sino que exigen que la sanción sea sólo de multa.
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El gobierno bajo fuego cruzado. Todo apunta a que si La Moneda presenta ante el Senado un veto que contemple cambios en las sanciones en el caso de las usurpaciones no violentas, ya aprobadas por el Congreso, se les abrirá un escenario tan incierto como riesgoso en un flanco sensible, como es la seguridad pública (la prioridad de los chilenos en todas las encuestas).
- El primero de ellos es que la mesa del Senado, liderada por Juan Antonio Coloma (UDI), decida reinterpretar el carácter de veto.
- Se trata probablemente de un tecnicismo, pero que en su trasfondo encierra lo que quedará escrito en la ley sobre las sanciones a las usurpaciones no violentas.
- El problema es el siguiente. Todo apunta a que el veto presidencial será una observación sustitutiva, vale decir, que modifica una parte de la ley.
- Pero la mesa del Senado, al mando de Coloma, puede plantear que los cambios del gobierno a las sanciones en el caso de las usurpaciones no violentas no equivalen en realidad a una observación sustitutiva de la ley, sino que aditiva, lo que implica que agrega un aspecto a la ley que no estaba considerado en lo aprobado por el Congreso.
- Así, si Coloma reinterpreta el veto y se vota por mayoría simple en la sala del Senado, la sanción con pena de cárcel a las usurpaciones no violentas quedarán a firme. Este cuadro no es del todo lejano, ya que el oficialismo no tiene los votos necesarios para imponer su posición en la Cámara Alta.
- Se trata de un escenario muy difícil para La Moneda, tironeada por su flanco izquierdo.
- Por eso, si Coloma decide reinterpretar el carácter del veto, el gobierno solo podría recurrir a otro tecnicismo, pero que al interior del propio oficialismo saben que tiene poco destino.
- Se trata de impugnar una eventual decisión de la mesa del Senado -en el caso que no sea del agrado del Ejecutivo- y mandarla a la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, donde la derecha tiene mayoría y es presidida por Felipe Kast (Evópoli).
- “A mi me toca calificar y como presidente del Senado voy a ser muy riguroso”, advirtió este viernes Coloma.
La alerta del presidente del Senado. El problema de que el Ejecutivo realice algún tipo de cambio a la sanción para las usurpaciones no violentas no son solo los descuelgues en la izquierda (o el sufrir una derrota).
- Si el gobierno cede ante el PC y solo se sanciona con multa las tomas no violentas, “vamos a tener un problema” dijo Coloma.
- “Llamo al gobierno a tener mucha precaución con lo que va a hacer”, añadió el senador, reconocido como un político hábil.
- Más aún, a la oposición tampoco le agrada el diseño estudiado por el Ejecutivo sobre dejar a discrecionalidad del juez las sanciones para las tomas no violentas. “Yo creo que las reglas tienen que ser no facultativas, tienen que ser imperativas”, planteó Coloma.
- Otro escenario que se abre en la tramitación de esta iniciativa es qué ocurre si se rechaza la admisibilidad del veto presidencial.
- En este caso quedaría sin tramitación la observación del Presidente a la ley y la discusión podría terminar en el Tribunal Constitucional.
Telón de fondo. El que el PC y sectores del Frente Amplio voten desalineados con el gobierno ya ha ocurrido en el caso de la Ley de Usurpaciones (y otras tramitaciones legislativas). El problema, dicen fuentes del oficialismo, es que en este caso el costo podría ser mayor.
- La votación que se realizará no es cualquiera: El Presidente de la República es el único que tiene la potestad de realizar un veto y, por tanto, no lograr alinear a todo el gobierno podría ser visto por sus detractores como una señal de debilidad.
- A ese factor se suma el cansancio existente en el Socialismo Democrático, quienes desde hace al menos un mes han explicitado al Ejecutivo que pareciera que hay parlamentarios de “primera y segunda categoría”, y que mientras en el sector deben actuar alineados para no ser reprochados, creen que en Apruebo Dignidad sale gratis no cuadrarse con el Ejecutivo.
