Fiscalía apela fallo a favor de Huneeus en la Suprema acusando "opiniones personales o consideraciones de orden político"
Agencia Uno- fiscal Juan Castro Bekios
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Fue el pasado martes que la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal Juan Castro Bakios, informó que apelarían ante la Corte Suprema para invalidar la resolución de la Corte de Apelaciones que declaraba ilegal las escuchas al teléfono de Josefina Huneeus.
Esto, en el marco de la investigación de ProCultura y luego de que el fiscal Nacional, Ángel Valencia, removiera al fiscal Patricio Cooper del caso.
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La apelación de Castro Bekios argumenta que "es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada".
Fiscalía argumenta presencia de "consideraciones de orden político"
La Fiscalía de Antofagasta solicitó a la Corte Suprema que "haga uso de sus facultades disciplinarias y, en su mérito, invalide la resolución dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 16 de mayo de 2025, referente a los considerandos o parte de aquellos que aducen o contienen opiniones personales o consideraciones de orden político y que no guardan relación con el asunto sometido a su conocimiento".
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Entre los argumentos que presentó la Corte de Apelaciones de Antofagasta para declarar ilegal los "pinchazos" a Huneeus, se encuentra que “se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.
Además, señalaron que “resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia”.
