Gobierno descarta un “efecto llamada” en tomas ante solución en San Antonio: “Es un caso excepcional”
ATON - Ministra Etcheverry / Megatoma de San Antonio
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La ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, descartó que el acuerdo que logró el Gobierno de Gabriel Boric con los vecinos y los dueños del terreno de la megatoma de San Antonio para evitar el desalojo, sea un “efecto llamada” para que otras personas se tomen terrenos.
La ministra Etcheverry destacó el trabajo que ha realizado el Ejecutivo para intentar disminuir el déficit habitacional en nuestro país y recalcó que la megatoma de San Antonio es un “caso excepcional”.
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“Es importante recordar que es una toma en la que viven 10 mil personas y el 30% son niñas y niños y, por lo tanto, el componente humanitario asociado a este caso particular es muy relevante”, dijo la ministra Etcheverry.
“El ministro Montes ha hablado largamente sobre este tema ayer y hoy y nos recordaba que en Chile existen más de 1.400 tomas. Tenemos un déficit habitacional que ha sido abordado con mucha seriedad, con mucho recurso y con gran priorización por parte del Gobierno del Presidente Boric, de hecho, ya se han entregado cerca de 180 mil viviendas a familias, de un total de 260 mil que están comprometidas”, agregó.
“Estamos frente a un caso que es excepcional en un conjunto de medidas que innovadoramente el gobierno ha implementado para hacerse cargo de un problema que es fundamental, que es el déficit habitacional”, complementó.
“El costo lo van a cubrir las propias personas” dijo el gobierno
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también recalcó que el Estado sólo ayudará en la mediación del diálogo entre las partes y que el costo de la eventual compra del terreno deberá ser pagado por los propios vecinos.
“En San Antonio estamos construyendo viviendas. Queremos mantener el trabajo del conducto regular, por eso que el costo de esta compra lo van a cubrir las propias personas que se tomaron ese terreno”, dijo el ministro Montes.
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“Cuando la justicia decreta 49 desalojos, la pregunta es y qué hacemos con los desalojos, dónde van estas familias. Hay que conjugar las causas del problema, por qué la gente llega a campamentos”, reflexionó.
“El Estado no va a ser aval de nada, va a ser garante, va a ayudar a construir condiciones para hacer posible una solución. Aval financieramente no, no está planteado así. Sin embargo, hay otras maneras de construir garantías”, complementó.
