El Gobierno de Gabriel Boric presentó ante la Fiscalía Regional de Valparaíso una querella por la filtración de un audio que fue grabado en una reunión privada entre el Presidente de la República y parlamentarios representantes de las regiones del Biobío y La Araucanía.
La denuncia fue presentada pasada el mediodía ante el Ministerio Público y apunta a una eventual infracción al artículo 161 a del Código Penal que se refiere a la grabación y filtración de un audio privado.
La ley castiga con una multa que puede ir desde las 50 Unidades Tributarias Mensuales hasta las 500 UTM (31 millones de pesos) a quien “en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, había calificado la situación de “insólita” y “desconcertante”, y aseguró que el Presidente Boric estaba “muy impactado” por el hecho.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también lamentó la situación y aseguró que este caso daña las confianzas del diálogo político porque “podría revertir un carácter de delito”.
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"Sin duda constituye un precedente para que no se repita. No solo por no estar permitido en ordenamiento jurídico, sino que también transgrede normas mínimas de confianza", añadió.
Desde el Congreso, representantes de distintos partidos políticos, de diferentes sectores, han condenado la filtración del audio y habían pedido que el gobierno presente una querella por el caso. Incluso el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, solicitó una denuncia.
